Ocho años de cárcel para dos jefes paramilitares en Colombia

Algunas víctimas que seguían la retransmisión del juicio no aguantaron. Salieron del salón apenas se conoció la sentencia dictada a los paramilitares Edward Cobos Téllez, Diego Vecino y Úber Banquez, Juancho Dique, culpables de la muerte de 11 campesinos en Mampuján, una comunidad del departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano, ocurrida el 10 de marzo de 2000 y responsables del desplazamiento de cientos de familias. La sentencia: ocho años de cárcel. Demasiado poco para ellos.

Esta es la primera sentencia que se produce dentro de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 y que reduce las penas a los paramilitares acusados si ellos colaboran con la justicia y reparan integralmente a las familias. La máxima pena es de ocho años así los delitos sean, como en este caso, de lesa humanidad "por haber atacado a civiles inocentes", como dice el fallo.

La pesadilla empezó a las siete de la noche del 10 de marzo de 2000, cuando 150 paramilitares llegaron a Mampuján. Los reunieron a todos. Hombres, mujeres y niños. Los llevaron a la cancha de fútbol. Uno por uno fueron examinados por un paramilitar que llevaba un pasamontañas. Saquearon sus casas, violaron a sus mujeres. Finalmente, secuestraron a siete campesinos para visitar otras aldeas. En una de ellas degollaron a 11 campesinos. Las casas se quedaron solas. Todos huyeron.

La región atacada es estratégica. Es un corredor para llegar al mar y comunica a dos capitales del Caribe: Cartagena y Sincelejo. La guerrilla se instaló en los ochenta y fueron comunes los secuestros en la carretera. Los dos paras sentenciados confesaron que creyeron a los oficiales de inteligencia militar que aseguraban que había guerrilleros en Mampuján. El portal verdadabierta.com , un proyecto de investigación creado por la Fundación Ideas para la Paz y la revista colombiana Semana, señala también como causa de la masacre el interés de los paras en liberar este corredor para transportar armas, droga y tropas.

En la audiencia, las víctimas se enfrentaron a los victimarios. "¿Por qué dijeron que todos éramos guerrilleros?", les preguntaron. Los de Mampuján exigen, entre los puntos de la reparación, una declaración judicial que confirme que las víctimas no eran de la guerrilla.

"Considero importante la sentencia. La pena no es proporcional al daño causado, esperamos que a cambio se obtenga la reparación y la verdad prometida", afirmó a este periódico Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado y congresista electo. Cepeda destaca dos disposiciones de la sentencia. La que pide reparar a las víctimas con bienes de los políticos vinculados con los paramilitares, y la recomendación al Congreso para crear un impuesto que grave a las empresas que patrocinaron a estos grupos. "Esto puede abrir un camino a la reparación integral", asegura.