Gualeguaychú levanta el bloqueo con Uruguay
La ciudad argentina reabre el puente hacia Fray Bentos
Tres puentes unen a Argentina y Uruguay. Los tres, sobre el río Uruguay. El principal por tráfico de personas y mercadería, el que comunica la ciudad argentina Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, permanece bloqueado desde hace tres años y medio por los ecologistas argentinos, que se han opuesto a la instalación de una fábrica de celulosa. Pero mañana volverá a abrirse. Así lo resolvió la noche del miércoles la asamblea de vecinos de Gualeguaychú, que ha mantenido interrumpida la carretera internacional 136 con una barrera, autobuses y tiendas.
Unos 402 asambleístas votaron a favor de la liberación temporal del puente General San Martín durante 60 días, frente a los 315 que se opusieron, como respuesta a la decisión del presidente de Uruguay, José Mujica, de aceptar un monitoreo ambiental binacional de la planta de la finlandesa UPM (que en 2009 la adquirió a su compatriota Botnia). Sin embargo, ha anunciado que esperarán al costado de la carretera para ver si los presidentes de ambos países cumplen su promesa de que técnicos argentinos y uruguayos auditen juntos la planta.
Los asambleístas tomaron esta decisión bajo la presión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre se ha resistido a la represión policial de las protestas en forma de piquetes de caminos, ya sean de parados o de agricultores, pero que la semana pasada firmó un decreto para denunciar por 18 presuntos delitos ante la justicia federal a un grupo no contabilizado de ecologistas de Gualeguaychú.
Pese a la presión de Fernández para que los asambleístas liberen el puente, el más cercano a Buenos Aires y Montevideo (las otras vías de comunicación son por barco o avión), unos 600 vecinos de aquella ciudad de la provincia de Entre Ríos se autoinculparon en un documento del delito de interrupción de la libre circulación en territorio argentino.
"Para mí es el cuarto gol del día, es un día celeste", dijo Mujica al semanario uruguayo Búsqueda, en alusión a la decisión de la asamblea de Gualeguaychú, después de que la selección nacional de su país goleara 0-3 a Sudáfrica en el Mundial de Fútbol . "Estamos en una etapa que es irreversible, que para mí era preanunciada, una cuestión de madurez que se venía dando, pero que no cayó del cielo", declaró al semanario.
El presidente uruguayo anunció el pasado martes con un mensaje en la página web de su Gobierno que aceptaría la petición de Fernández de un control binacional de la planta de celulosa.
Argentina sostiene que su pretensión se funda en el fallo del pasado abril de la Corte Internacional de La Haya , ante la que ambos países llevaron sus diferencias por la fábrica. El tribunal con sede en Holanda rechazó la demanda argentina de que la planta fuera desmantelada, pese a que reconoció que Uruguay había violado el tratado binacional que le obligaba a consultar a la Comisión Administradora del Río Uruguay, que integran ambos países, antes de iniciar la construcción de las instalaciones. La Corte de La Haya ordenó a los dos Gobiernos a emprender análisis conjuntos del impacto ambiental de la planta.
En un principio, el Gobierno de Mujica se resistía a que esos monitoreos se cumplieran dentro de la fábrica, pero ha cambiado de opinión para facilitar el desbloqueo del puente General San Martín e iniciar así la normalización de la relación entre dos países vecinos, socios en la unión aduanera de Mercosur y que están unidos por la historia, la cultura e incluso por la afinidad política de sus presidentes.
Otro gesto de buena voluntad de Mujica fue levantar el veto de su país a la designación del ex presidente argentino Néstor Kirchner como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) , cargo al que accedió en mayo pasado. El antecesor de Mujica, Tabaré Vázquez, del también izquierdista Frente Amplio, había vetado a Kirchner en su momento. Las fuertes discusiones por la planta de celulosa distanciaron no solo a Vázquez y Kirchner, sino también afectaron a las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En 2003, el entonces presidente de Uruguay, el colorado (liberal) Jorge Batlle, puso en marcha la inversión de la entonces Botnia, la mayor de la historia de Uruguay. En aquel entonces, la española ENCE también planeaba instalar otra fábrica papelera en la misma Fray Bentos. En 2005, unos 40.000 vecinos de Gualeguaychú tomaron el puente General San Martín en contra de la construcción de la planta en la ciudad vecina. En 2006, Kirchner, entonces presidente de Argentina, organizó otra manifestación con los vecinos de Gualeguaychú y permitió que se iniciara el bloqueo del puente que finaliza mañana. El piquete, que cerraba una de las principales vías de comunicación de Uruguay, despertó un fuerte rechazo de la mayoría de la población de ese país contra el Gobierno argentino. En medio de tanta presión, ENCE optó por mudar su proyecto a otra parte de Uruguay, cerca de Colonia (finalmente tampoco se concretó allí, pero por motivos económicos).
En 2007, Vázquez autorizó que la papelera entonces propiedad de Botnia comenzara a funcionar. Pese a las denuncias de contaminación de los asambleístas, la Corte de La Haya desestimó "que la tecnología utilizada por la pastera [planta de celulosa] no cumpla con la utilización de las mejores técnicas para el tratamiento de efluentes" y sentenció que "no hay elementos suficientes para decir que Uruguay violó sus obligaciones con respecto a la protección de la fauna y la flora".
En 2008, uno de los dirigentes ecologistas de Gualeguaychú, Alfredo de Angeli, encabezó la protesta rural contra la subida de impuestos que había aplicado el Gobierno de Fernández. Poco después, el piquete del puente comenzó a recibir críticas de los Kirchner, que apostaban por esperar el cansancio de los manifestantes.
La salida del poder de Vázquez y su reemplazo por Mujica, en marzo pasado, contribuyó a reanudar la relación con el matrimonio Kirchner. Desde entonces se sucedieron el fallo de La Haya, que fue aceptado por ambos países, la designación de Kirchner en Unasur, las denuncias penales de Fernández contra los ecologistas, la aceptación uruguaya del control conjunto de la fábrica y ahora, la liberación del puente durante dos meses.
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