Ortega resta importancia a la violencia en Nicaragua y acusa a la OEA de injerencia

La crisis política nicaragüense comienza a tener repercusiones diplomáticas. En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el Gobierno que encabeza Daniel Ortega llamó a la comunidad internacional a "no preocuparse" por la violencia desatada en Managua por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que el Gobierno califica de "simples expresiones legítimas de los pueblos", a la vez que exige a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se abstenga de "brindar declaraciones con ribetes injerencistas" sobre la crisis nicaragüense. Mientras tanto, Estados Unidos expresó su apoyo a la OEA y exigió a Ortega que ponga fin al acoso al que ha sido sometida la oposición, objetivo de los ataques de las huestes sandinistas.

El Gobierno rompió ayer el silencio que mantenía desde el martes pasado, cuando simpatizantes del FSLN iniciaron un continuo asedio de las instalaciones de la Asamblea Nacional para impedir la entrada de diputados opositores, quienes pretendían derogar un decreto por el que Ortega ordena que se mantengan en sus cargos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo periodo en este tribunal ha vencido. Los simpatizantes del oficialismo atacaron también las sedes de organizaciones políticas opositoras, golpearon a diputados de la oposición e incendiaron varios vehículos en Managua, incluyendo una unidad móvil de un canal de televisión.

El comunicado es una respuesta directa del Gobierno de Ortega a una nota de prensa publicada el miércoles por la OEA, en la que el secretario general de esa organización, José Miguel Insulza, expresa su preocupación por la crisis política que sufre el país centroamericano y pide respeto a las instituciones. Según el Ejecutivo, las declaraciones de Insulza se basan "únicamente en reportes mediáticos parciales de medios de comunicación enemigos de nuestro pueblo y su Gobierno legítimamente constituidos".

Relaciones variables

La posición de Ortega supone un retroceso en las relaciones entre su Gobierno y la OEA, organización que ha gozado de la simpatía o el rechazo del presidente nicaragüense dependiendo de sus intereses políticos. Ortega respaldó la decisión de la organización interamericana de aislar a Honduras tras el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio del año pasado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, pero antes de ese acontecimiento la OEA era para Ortega una organización a las órdenes de Washington.

Mientras el Gobierno restaba importancia a los hechos ocurridos esta semana en Managua y criticaba la posición de la OEA, varias personalidades de la vida política americana pidieron a Insulza, a través de una carta, que convoque una reunión del Consejo Permanente de esa organización para analizar la crisis nicaragüense. La solicitud está firmada, entre otros, por Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos; Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador y Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia.

Además, el Gobierno estadounidense expresó su preocupación por lo que sucede en Nicaragua. El portavoz del Departamento de Estado para América Latina, Charles Louma-Overstreet, declaró a France Presse que Washington está preocupado porque "la violencia de una turba está obstaculizando el proceso político democrático, el respeto de los derechos humanos y también erosionando el Estado de derecho" en Nicaragua. Louma-Overstreet instó al Gobierno de Ortega a poner fin al acoso a la oposición, a la vez que apoyó la posición de la OEA.

Y mientras la crisis nicaragüense tomaba ribetes diplomáticos, la violencia en Managua continuaba. Supuestos simpatizantes del Frente Sandinista dispararon el jueves contra la sede del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sin causar heridos, mientras mantenían el asedio a la Asamblea Nacional, el centro de los ataques.

Las cámaras empresariales y diversas organizaciones civiles han exigido el respeto al orden constitucional, a la vez que han pedido a los diputados que no reelijan a ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo periodo ha vencido y a los que Ortega ha ordenado mantenerse en sus cargos violando preceptos constitucionales, lo que desencadenó la crisis.