Nuevas batallas en la guerra de los Kirchner
Aumenta la tensión entre los poderes argentinos tras la crisis del Banco Central
La tensión entre los poderes del Estado argentino, avivada tras la crisis del Banco Central, está lejos de apagarse. Una semana después de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, criticara la honestidad de los jueces ante una nueva resolución judicial que le impedía usar las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, la Corte Suprema exhortó el martes en un inusual comunicado a "quienes tienen responsabilidades de Gobierno a expresarse con mesura y equilibrio". Fernández contraatacó a los integrantes de la Corte, pese a que la mayoría de ellos fue promovida por el Gobierno de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007): "La palabra mesura tiene mucho sonido a censura".
En pleno choque de poderes, Kirchner reasumió ayer como presidente del Partido Justicialista (PJ, peronista), cargo al que había renunciado en junio pasado tras su derrota en las elecciones legislativas de mitad de mandato de su esposa. Kirchner, que fue investido por el Consejo Federal Justicialista en Resistencia (noreste de Argentina), dio este paso como el primero hacia una eventual candidatura para suceder a Fernández en 2011. En las paradas de autobús de Buenos Aires se leen carteles con la leyenda "Kirchner 2011", en los que el Movimiento Evita convoca un mitin en el estadio del Ferrocarril Oeste, en la capital argentina. Ya se ha escrito una larga lista de peronistas que quieren pelear en las primarias contra el actual diputado. De momento, él no ha reconocido su postulación. Sólo ha pronosticado que en 2011 ganará "un compañero o una compañera", como se llaman entre sí los peronistas.
Pero las batallas de los Kirchner no sólo se libran en el partido. Desde enero se enfrentan a continuas crisis por el decreto de necesidad y urgencia que Fernández firmó en diciembre para pagar con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central deudas a organismos internacionales, algo que estaba permitido por ley, y a bonistas privados, algo que estaba prohibido. A partir de presentaciones judiciales de legisladores radicales, peronistas disidentes, conservadores y de la Coalición Cívica, una juez de primera instancia y un tribunal de segunda instancia frenaron en enero la aplicación del decreto. La presidenta argentina destituyó al entonces gobernador del Banco Central, Martín Redrado, que se resistía a ceder las reservas. La historia continuó el 1 de marzo, cuando Fernández abrió las sesiones anuales del Congreso con el anuncio de dos decretos: uno para pagar con reservas 2.200 millones a organismos internacionales y otro para destinar otros 4.300 millones a acreedores privados. La oposición recurrió otra vez a los tribunales y otra juez suspendió la vigencia del segundo decreto. De inmediato, Fernández amenazó con desobedecer esa resolución judicial y criticó a los "jueces que parecen alquilados", que cobran por las excarcelaciones de detenidos y orientan sus decisiones de acuerdo con la portada del periódico de mayores ventas, Clarín, reconocido enemigo número uno de los Kirchner.
La Corte, que preside Ricardo Lorenzetti y que dejó en el pasado su etapa oscura del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), reaccionó. Seis de sus jueces (sólo se abstuvo uno, que no había sido nombrado en tiempos de Kirchner) advirtieron que "el límite" de las "críticas es la razonabilidad y el respeto a la garantía de la independencia judicial". Fernández contraatacó con un recordatorio de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983): "Durante tanto tiempo hemos estado censurados y por pensar distinto pasaban cosas muy feas". El Gobierno insistirá con el uso de las reservas del Banco Central y para eso apoyará un nuevo proyecto de ley de un senador peronista disidente, que básicamente ratifica el decreto, según confirmó ayer el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández. El kirchnerismo puede aprobar así la iniciativa en el Senado, pero afrontará dificultades para sancionarla en la Cámara de Diputados. Las soluciones políticas al conflicto de la financiación de las cuentas públicas parecen empantanadas en un país que suspendió pagos en 2001 y que aún no ha reestructurado bonos impagados por valor de 20.000 millones de dólares.
Hoy se medirán fuerzas unos y otros en el Senado, donde la oposición tratará de rechazar el nombramiento de la nueva presidenta del Banco de Argentina que promueve el Gobierno, Mercedes Marcó del Pont. Todo depende de algunos senadores peronistas que van y vienen entre el kirchnerismo y la disidencia. El peronista que está resuelto a "echar a Kirchner con los votos" el año próximo es el ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003). También han reconocido ambiciones presidenciales otros compañeros: Carlos Menem, el diputado Felipe Solá, el empresario Francisco de Narváez (que derrotó a Kirchner en 2009), los gobernadores de las provincias de Chubut (sur), Mario das Neves, y de Salta (noroeste), Juan Manuel Urtubey, y no se descarta la candidatura del senador y ex subcampeón de fórmula 1 Carlos Reutemann.
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