Bruselas propone retirar su flota pesquera de Guinea por la represión policial

La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy denunciar el nuevo acuerdo de pesca con Guinea y retirar la flota comunitaria de sus aguas -parte de ella española- en reacción a la crisis en ese país y a los actos de represión policial, que en septiembre provocaron 157 muertos. Si los 27 aprueban la propuesta de Bruselas, deberán abandonar el caladero guineano los 40 barcos atuneros europeos que faenan allí gracias al acuerdo, de los que 23 son españoles.

Asimismo, Bruselas ha interrumpido la compensación financiera de 1,5 millones de euros que tenía previsto otorgar a ese país dentro del protocolo del convenio pesquero, que se había aplicado provisionalmente desde enero. El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, ya anunció su intención de penalizar a Guinea por la situación política retirando sus propuestas para firmar el nuevo acuerdo pesquero. Borg obtuvo el respaldo de la presidencia de turno de la UE y del Parlamento Europeo, según fuentes de la CE. Por este motivo, la petición formal aprobada hoy es el "último paso" para denunciar el pacto pesquero.

"En las circunstancias actuales, la CE no puede transferir fondos a las autoridades guineanas hasta que garanticen que el dinero europeo se utiliza de forma adecuada y hay una solución satisfactoria a la crisis", según las mismas fuentes. Bruselas vigilará la evolución del país, también en el contexto de los acuerdos de Cotonou, que la UE suscribió con las naciones del grupo ACP (Africa, Caribe y Pacífico). La decisión de la CE no afecta a la ayuda humanitaria al país africano.

Si el Consejo aprueba la propuesta de la CE, los barcos europeos que operan en Guinea deberán abandonar el caladero. El pasado 28 de septiembre, las autoridades policiales guineanas reprimieron una manifestación pacífica de opositores con violencia, que se saldó con 157 muertos. Además, miembros de las fuerzas de seguridad y militares del país violaron a varias mujeres y un millar de personas resultaron heridas. Los actos fueron condenados por la comunidad internacional y muchas organizaciones y países se unieron a la UE a la hora de decidir sanciones a tales autoridades policiales.