Consultar antes de perforar la selva

Han pasado menos de tres meses desde los enfrentamientos entre la policía peruana y las comunidades indígenas cerca de la localidad amazónica de Bagua que acabaron con 34 muertos, pero parece que no se ha aprendido del todo la lección. Los nativos siguen exigiendo que se respete su derecho a ser consultados antes de que se exploten los recursos naturales ubicados en sus territorios, que, además de su evidente valor forestal, se presumen ricos en reservas de petróleo y gas natural.

Más allá, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha ratificado, en un informe publicado esta semana, que el Estado peruano está violando los derechos de los nativos al no consultarles antes de tomar alguna decisión que afecte sus intereses. En dicho escrito también se pide al Gobierno de Alan García que apruebe una ley de consulta y participación de los pueblos indígenas en materia ambiental.

Hace unos días, más de un centenar de representantes de pueblos de la etnia kichwa decidió no permitir el ingreso de los trabajadores de la petrolera francesa Perenco, a la que acusan de querer operar sin su consentimiento en la cuenca del río Napo —un afluente del Amazonas— y zonas donde habitan comunidades en aislamiento voluntario. Asimismo, acusaron a la empresa de aliarse con autoridades corruptas e intentar dividir a los nativos.

Situaciones como esta son frecuentes en Perú, hasta el punto de que según la Defensoría del Pueblo los asuntos socioambientales son causa de prácticamente la mitad (46%) de los conflictos sociales activos en el país.

El Comité exhorta a Perú "a que consulte a las comunidades de los pueblos indígenas interesados en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales". Si bien este informe sólo formula recomendaciones, el Estado peruano sí está obligado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a realizar consultas a las comunidades nativas antes de dar o modificar normas que puedan afectar los derechos de los indígenas sobre sus tierras. "Si el Gobierno acepta este llamamiento de la ONU, podría significar que en la selva habitada por indígenas aislados no podría tener lugar ningún tipo de perforación, ya que éstos no pueden dar su consentimiento", señala la ONG Survival International en su página web.

"El Gobierno tiene que sensibilizarse, porque poco o nada le interesa el respeto a nuestra madre tierra", señala Daysi Zapata, presidenta en funciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a la mayoría de las etnias amazónicas.

Aunque tras el paro amazónico que desembocó en los hechos violentos de Bagua se formaron varias mesas de diálogo con representantes de los nativos y del Gobierno, Zapata considera que estas van "muy mal". "Los representantes del Gobierno son mayoría, quieren hacer lo que les da la gana", explica la responsable de Aidesep.

El informe de Naciones Unidas también exhorta al Ejecutivo a que forme una comisión independiente que investigue los actos de violencia de Bagua, en los que fallecieron 24 policías y 10 civiles. El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, ya adelantó los nombres de sus integrantes y su designación oficial debe hacerse en los próximos días.