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Venezuela y sus aliados salen en defensa de Zelaya

Los países del ALBA y la OEA llaman a los militares hondureños a regresar a sus cuarteles

Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, socios de Honduras en la ALBA, salieron hoy en defensa del presidente hondureño, Manuel Zelaya, ante la crisis desatada en ese país y alertaron de un "proceso desestabilizador" o incluso abiertamente de una intentona golpista.

"En Honduras está en marcha un golpe de Estado", aseguró el mandatario venezolano, Hugo Chávez, después de que el Ejército saliese a las calles de Tegucigalpa tras la destitución por Zelaya de su jefe, el general Romeo Vásquez, y de que la Corte Suprema dejara sin efecto este despido.

"Quieren destituir al presidente [Zelaya], eso es lo que se está cocinando ahora [en el] Congreso, la Corte Suprema", afirmó.

Chávez advirtió que los Gobiernos "revolucionarios" de la región no se van a quedar "de brazos cruzados" ante el eventual intento de derrocar a Zelaya y que están "dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que se respete la soberanía de Honduras y la voluntad del pueblo de Honduras".

Su homólogo boliviano, Evo Morales, se pronunció en términos similares y rechazó en una carta enviada a Zelaya y hecha pública "cualquier intento de golpe de Estado o amenaza al proceso democrático" en Honduras.

El jefe de Estado boliviano defendió que el Gobierno de Zelaya "es la expresión de la democracia, al haber sido elegido legal y legítimamente por el pueblo hondureño".

"Cuente, presidente, con el respaldo de mi Gobierno en estas difíciles circunstancias", manifestó a Zelaya.

Por parte de Nicaragua, la primera reacción fue del presidente de la Asamblea General de la ONU, el ex canciller sandinista Miguel D'Escoto, quien condenó lo que también consideró un "intento de golpe de Estado (...) contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Manuel Zelaya".

Más tarde, el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó en su carácter de presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) el "proceso de golpe de Estado técnico" denunciado por su homólogo de Honduras.

En un comunicado difundido por su portavoz gubernamental y esposa, Rosario Murillo, Ortega se solidarizó con Zelaya "frente al proceso desestabilizador de la gobernabilidad democrática y del Gobierno constitucional electo libremente por el pueblo en enero 2006".

La supuesta amenaza golpista también fue recogida en un comunicado divulgado hoy en las Naciones Unidas por los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), en el que denunciaron "un golpe de Estado en proceso en curso contra el compañero José Manuel Zelaya".

Los países de la ALBA (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela) apelaron a la comunidad internacional a rechazar el "intento de ruptura del orden constitucional democrático", así como toda acción violenta o desestabilizadora que ocurra en ese país.

Ecuador, que se integró formalmente ayer a la ALBA, también difundió un comunicado a través de su cancillería para expresar su solidaridad al Gobierno "legítimo y democrático" de Honduras, aunque no habló directamente de golpe de Estado.

Quito se sumó en el documento a un llamamiento a Zelaya a una "inmediata convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos" (OEA) para analizar la situación en el país centroamericano, solicitud que fue atendida por el organismo regional al emplazar a una sesión extraordinaria para mañana.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró desde México que "las Fuerzas Armadas están para obedecer al mandamiento constitucional y para obedecer a la autoridad constituida".

Para Insulza, que calificó como un "tema delicado" la consulta popular convocada por Zelaya para el domingo, Honduras sufre un "conflicto de poderes" y abogó por dirimirlo mediante el diálogo y de "un mecanismo civil de solución de controversias".

"Si hay un conflicto por una sentencia judicial por una parte y una orden presidencial por otra, tiene que haber en el país algún mecanismo para dirimir (...) las controversias", sostuvo.