La policía venezolana allana la casa del dueño de Globovisión

El canal es blanco del Gobierno de Hugo Chávez por sus críticas

Medio centenar de policías, guardias nacionales, fiscales y funcionarios de los servicios de tránsito y de protección al consumidor de Venezuela allanaron en la noche del jueves -madrugada del viernes en España- la residencia propiedad del presidente del canal de noticias Globovisión, Guillermo Zuloaga, en Caracas. Las autoridades no fueron, al menos de momento, para cerrar la cadena, que ha recibido reiteradas amenazas de clausura por parte del presidente Hugo Chávez. El Gobierno ha abierto al canal 12 procesos administrativos y 22 procesos judiciales desde 2001.

El director del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, Wilmer Flores Trosel, dijo que este nuevo procedimiento se debía a que en aquel lugar "fue detectado un lote importante de vehículos que se encuentran en estado de ocultamiento". El detective se refería a 26 coches -la mayoría todoterreno- que pertenecen a dos concesionarios Toyota, también propiedad de Guillermo Zuloaga, aparcados en un terreno contiguo a la casa.

"Esto no es un concesionario ni una ensambladora y hay 26 vehículos. Por lo tanto, vamos a verificar la legalidad de los mismos", dijo Flores Tropel, y horas más tarde ordenó la confiscación de los coches, que fueron trasladados con grúas a la sede de la policía científica. Para Perla Jaimes, abogada de Zuloaga y de Globovisión, todo este despliegue policial es un ataque más del Gobierno contra la libertad de expresión.

"El director de la policía no quiso mostrarnos la orden de allanamiento ni recibir los documentos que demostraban por qué los vehículos estaban allí. Si los vehículos no entraron ilegalmente al país y fueron comprados a Toyota en Venezuela, ¿cuál es el delito que se ha cometido?", arguyó la abogada Jaimes. En el transcurso de la mañana de ayer, uno de los concesionarios de Zuloaga, ubicado en la ciudad de Valencia ?a 160 kilómetros de Caracas?, también fue inspeccionado por las autoridades de la agencia tributaria y de protección al consumidor.

Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, asume esta medida como una más en la lista de las 458 acciones de hostigamiento de las que han sido objeto la cadena de televisión y sus trabajadores desde 2001, por mantener una línea editorial crítica con el Gobierno de Hugo Chávez. Globovisión es un canal de noticias, fundado en 1994, que transmite su programación en abierto para dos de las más importantes ciudades del país ?la capital, Caracas, y Valencia? y a través de la televisión de pago al resto del país. Su audiencia es de poco más del 10% del total nacional. Sin embargo, para el presidente Chávez su influencia entre el público es tal que le atribuye la capacidad de "enfermar" a la población y de "envenenar" a la clase media que se opone su proyecto socialista.

El jueves, poco antes de que se produjera el allanamiento a la propiedad de Zuloaga, la organización no gubernamental Human Rigths Watch emitió una alerta para exhortar al Gobierno venezolano a que ponga fin a la persecución contra Globovisión. Hace dos semanas, Chávez calificó al presidente del canal, Alberto Federico Ravell, como un "loco con un cañón", y amenazó con retirar definitivamente la concesión otorgada al canal por parte del Estado.

Nacionalización de cuatro empresas de cerámica y metalurgia

La fabricación de tubos de acero, de conglomerados de hierro para la construcción y de retretes también estarán bajo el control del Estado venezolano. Durante un acto realizado el jueves en la ciudad minera de Guayana, el presidente Hugo Chávez anunció la nacionalización de cuatro empresas metalúrgicas y de una empresa de cerámicas que producen estos productos en el país, en asociación con capitales europeos, argentinos, mexicanos, japoneses y australianos.

"No hay nada que discutir, estas empresas tienen que estar bajo control obrero. Hace tiempo que debimos hacerlo", dijo Chávez ante un auditorio de sindicalistas asociados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que alegaban no haber recibido ningún pago de salarios por parte de estas empresas en los últimos seis meses.

Las empresas metalúrgicas que ahora serán compradas con dinero público son Matesi, del consorcio ítalo-argentino Techint, ex propietario de la recién nacionalizada Siderúrgica del Orinoco; Comsigua, del grupo japonés Acero Kobe Steel; y Orinoco Iron y Venprecar, propiedad de capitales locales y de la empresa australiano-británica BHP Billiton. En tanto, la compañía Cerámicas Carabobo pertenece a inversores locales.

"Todas estas empresas no son mías ni de ustedes, son del pueblo (...) Todo esto debe ser asumido con responsabilidad, con sentido de integración entre el gobierno y los trabajadores", pidió Chávez, explicando que estas empresas que se convertirán en la "maciza plataforma del socialismo".

En las últimas dos semanas, el Gobierno también ha expropiado 76 empresas del sector de gas y petróleo.

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