Los planes de Bogotá y "la realidad de la vida"
La arremetida contra los cocaleros colombianos este año será más dura: hay orden de detenerlos y de requisar sus tierras. El Gobierno cree que burlan la ley. "Si no me meten a la cárcel, si nada me pasa, sigo sembrando más allá", dice el presidente, Álvaro Uribe, interpretando a su manera a los labriegos. "Nos puede montar el correteo que quiera, pero la solución no es encarcelarnos; es apoyarnos con cultivos que produzcan", responde un campesino nariñense.
Los estudios dicen que esta política represiva es un rotundo fracaso. En 2007 se erradicaron 220.000 hectáreas, pero los cultivos aumentaron en un 27%.
Los cocaleros viven adelantados: si el glifosato arrasa su cocal, deben seguir sembrando para pagar la deuda. Porque con la vida se paga cualquier falta.
La aspersión aérea o la erradicación manual llegan sin previo aviso. Teresa explica la rabia que produce: "Es como tener un animalito que nos está dando de comer y de una nos lo matan. Nos dejan sin un peso, asustados".
El obispo de Tumaco, Gustavo Mauricio Girón, dice rotundo: "La fumigación no acaba el negocio: destruye la tierra, arruina a la gente, perjudica cultivos legales y animales". Después de cada aspersión hay hambre. "Un mal no soluciona otro mal; la fumiga nos está matando lentamente", sentencia el párroco de El Charco, Arnulfo Mina. En 2008, el veneno mató casi 2.000 matas de plátano en el Tapaje. La coca vuelve a salir, pero el plátano no renace.
El Gobierno no da tregua: cero coca es la condición para poner en marcha proyectos alternativos y ha alzado su voz contra una erradicación gradual mientras avanzan los nuevos cultivos.
Los campesinos, que saben que una cosa es lo que se planea en Bogotá y otra "la realidad de la vida", preguntan: "¿De qué vivimos mientras tanto, si el cacao carga tres años después de sembrarlo, el maíz y la yuca un año después...?".
El Consejo Comunitario Rescate de las Varas es el único de los 64 consejos de Tumaco que posee un territorio certificado como libre de coca. Tenían claro que iban a dejarla antes de que llegara allí el batallón de erradicadores manuales protegidos por policías y soldados que acabaron con el arbusto verde esmeralda. No se opusieron; al contrario, ayudaron.
Les prometieron entonces que el Gobierno les daría la mano: "Pero hasta ahora quedamos a la deriva", dice un hombre mayor acostumbrado a hablar claro. Sólo 225 familias, de las 1.200 del consejo, estarán en los programas apoyados desde la Gobernación.

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