Chávez nacionaliza todos los negocios ligados al petróleo

Las lanchas. Los astilleros. El suministro de agua, vapor y gas para los taladros. Todos los bienes y servicios que tengan conexión con la explotación del petróleo han comenzado a ser expropiados desde ayer en Venezuela. En la noche del jueves (hora local) el presidente, Hugo Chávez, promulgó una ley que reserva al Estado todas las actividades vinculadas con la producción primaria de hidrocarburos y prometió que de inmediato comenzaría a aplicarla. "Mañana comenzamos a recuperar bienes y activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social (...) Mañana estaremos en el lago de Maracaibo dando el primer paso", dijo Chávez. Y así lo hizo.

A las 12.30 de ayer ya el comandante-presidente Chávez capitaneaba la toma de una de las flotas de lanchas que opera en el lago - la principal cuenca petrolífera del país -, un acto que fue retransmitido de forma obligatoria por todas las radios y televisiones del país. "Hoy es un acto de liberación", le dijo en tono solemne al capitán y a su tripulación. "Hasta el día de hoy esta lancha era de un privado. Ahora llévala con conciencia de que esta lancha es de todo el pueblo y que el pueblo te ha puesto de capitán". Y le entregó luego, a cada trabajador, cascos y petos tan rojos como las camisas-uniforme que suelen llevar sus ministros.

Más que la compra por parte del Estado de los bienes y servicios que antes pertenecían a terceros, Chávez dijo el jueves que esta medida representa el comienzo de una "batalla naval libertadora" que comenzaría a librarse en las aguas "enemigas" del lago de Maracaibo, jurisdicción del Estado de Zulia, gobernado desde hace nueve años por dirigentes de oposición. "Esos miles de trabajadores que estaban siendo explotados por los dueños de las lanchas, las terminales y los diques serán liberados. Vamos a desarrollar una nueva batalla naval libertadora en el lago de Maracaibo y estos son pasos de la revolución en la construcción del socialismo", vociferó al estampar su rúbrica.

El primer cálculo del ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, es que sólo en el lago de Maracaibo y con la entrada en vigencia de esta ley pasarán a manos del Estado 39 terminales y muelles, 5 diques astilleros, 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, y 61 lanchas de buzos. La estatal PDVSA también absorberá en su nómina a más de 8.000 trabajadores que hasta el momento prestaban sus servicios a las empresas contratistas. Esta operación, sostiene Chávez, le permitiría a Venezuela reducir un 20% los costes de producción, pues, según él, la empresa privada absorbía en ganancias un equivalente al 50% del coste de producción de un barril.

Otro enemigo que el Gobierno venezolano busca abatir a través de esta ley es la potencial amenaza, por parte de las empresas contratistas, de paralizar sus actividades - y, en consecuencia, la producción petrolera del país - como medida de protesta por la falta de pagos. Según cifras de la agencia Dow Jones, al cierre del año 2008 PDVSA acumulaba una deuda de unos 13.400 millones de dólares con estas compañías, como consecuencia de la caída en más de 70% de los precios del petróleo; de ahí que algunas de ellas estuviesen considerando retirar sus embarcaciones y equipos hasta que fuesen pagadas las facturas. Sólo con la corporación Williams Companies Inc, dedicada a la producción de gas natural en el oriente venezolano, PDVSA tiene una deuda de 241 millones de dólares. Y en el inventario de acreedores que, al igual que Williams Companies, son ahora susceptibles de ser expropiados, también se encuentran firmas internacionales como Halliburton, Schumlberger, Baker Hughes y BJ Services.

Según el ministro Rafael Ramírez, el Gobierno ya prepara una lista con los nombres de las demás empresas que serán estatizadas en otras regiones del país, después de que se declare la "utilidad pública" de sus actividades. Una vez que esto ocurra, la ley recién aprobada establece que el Gobierno está autorizado a compensar a las contratistas expropiadas con bonos de la deuda pública, en lugar de efectivo; a anular contratos preexistentes, y a ordenar tomas preventivas de instalaciones, mientras se dirimen eventuales disputas judiciales en cortes internacionales, como la que emprendió la compañía Exxon Mobil contra PDVSA cuando, en 2007, el presidente Chávez decretó la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.