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El Ejército argentino entra en el siglo XXI

El Gobierno deroga la jurisdicción penal militar que amparó los abusos de todas las dictaduras.- Se suprimen la pena de muerte castrense y el delito de homosexualidad

La herida de dolor y espanto que dejó la actuación de las fuerzas armadas argentinas durante la feroz dictadura militar de los años 70 recibirá un nuevo bálsamo el próximo viernes 27 con la derogación definitiva de la jurisdicción penal militar y la entrada en vigor de una nueva ley, según la cual los militares que cometan delitos en tiempo de paz no serán juzgados por otros militares sino que se someterán, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales civiles ordinarios.

"La nueva ley, impulsada por el Gobierno de [el anterior presidente, Néstor] Kirchner y aprobada por 59 votos contra dos en el Congreso, supone una novedad absoluta en América Latina, donde los militares se han reservado tradicionalmente, de una manera u otra, la jurisdicción penal, para no someterse en ningún caso a jueces civiles", asegura Ileana Arduino, abogada, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del ministerio de Defensa, y una de las responsables de la elaboración de las nuevas normas.

La entrada en vigor de la reforma penal coincide con nuevas iniciativas para modificar en profundidad la formación profesional de los militares. El año pasado se introdujeron siete nuevas materias relacionadas con el derecho internacional humanitario, derechos humanos, historia contemporánea argentina o formación ciudadana. Y éste curso, por primera vez, cadetes de cuarto año de la Escuela Naval recibirán las enseñanzas sobre Derecho Internacional en la sede de una institución civil ajena al mundo castrense, la Universidad de La Plata, en lo que se considera un experimento que será aplicado en el futuro a otras escuelas militares. Los planes de estudio dependen de otra mujer, la subsecretaria de Formación, Sabina Frederic.

La reforma de los códigos militar y penal tiene una importancia capital. Han pasado 25 años desde que la dictadura militar se desmoronó, pero todavía no hace ni diez que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas pretendió declararse competente en la causa abierta por el secuestro y robo de bebés durante la dictadura militar. Afortunadamente, una ley preveía desde la etapa del presidente Raúl Alfonsín que los fallos castrenses pudieran ser apelados, excepcionalmente, en la justicia federal y la Corte de Casación impidió semejante engaño.

Fin del 'honor militar'

A partir de ahora, desaparece completamente la jurisdicción penal militar y se incorporan al Código Penal ordinario figuras delictivas específicas para el ámbito castrense, entre ellas el nuevo delito de acoso sexual cometido por un superior. Por el contrario, desaparecen todos los delitos denominados "contra el honor militar", una figura, que según Arduino, solo servía para resaltar la idea de que los militares tienen un honor y unos valores diferentes a los del resto de los ciudadanos.

Especialmente importante es también la desaparición absoluta de la pena de muerte (que existía como figura penal en el derogado Código de Justicia Militar, y que, aunque no se aplicaba desde hace décadas, se seguía pidiendo formalmente en determinados casos) y del delito de homosexualidad, una supresión de alto contenido simbólico en unas Fuerzas Armadas tan vinculadas a la religión católica que hasta hace todavía poco obligaban a los oficiales que se divorciaban a pedir el retiro.

La necesidad de reformar radicalmente el Código de Justicia Militar se hizo patente a raíz de los llamados caso Correa Belisle y caso López. El capitán Correa fue condenado a un año de cárcel por denunciar en 1994 el asesinato de un soldado, encubierto por los mandos superiores de su unidad, y llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH consideró en 2004 que se le había impedido ejercer su derecho a la defensa. Para evitar una condena oficial, el Gobierno se comprometió a reformar la jurisdicción militar argentina y en marzo de 2006 creó una comisión integrada por juristas de gran prestigio, entre ellos el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y especialistas en derecho de las fuerzas armadas, como el coronel auditor Manuel Omar Lozano.

"No es extraño oír ahora entre los militares que no podíamos administrar justicia como lo hacíamos", asegura Lozano. El coronel admite que la redacción de las nuevas normas y su aplicación darán origen a "tiranteces", pero mantiene que la mayoría de los oficiales comprende perfectamente que no se podía mantener la situación actual. "Muchos creían que administrar justicia era una simple herramienta del mando y eso no puede ser así", explica.

El antiguo código permitía que los jueces e integrantes de los tribunales militares no fueran abogados y, además, les obligaba a mantener una relación de jerarquía, con lo cual no existía ni asistencia técnica ni la menor independencia judicial.

La nueva ley establece que en tiempo de guerra o de conflicto armado, pueden existir tribunales penales militares "si la situación hace imposible recurrir al régimen penal ordinario". En esos casos, tanto los jueces como el fiscal y defensor deberán ser abogados y sus fallos no serán firmes hasta que el poder judicial ordinario pueda tramitar los recursos pertinentes", explica el coronel Lozano. Ante la duda de cuál pueda ser el significado exacto de "conflicto armado", Lozano asegura que se trata de la misma definición que figura en las Convenciones de Ginebra y las declaraciones de derechos humanos que ha suscrito Argentina. Recuerda que la legislación argentina vigente ya prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en conflictos de seguridad interna, asi como pedir a sus integrantes que obedezcan órdenes manifiestamente inconstitucionales.

La misma apelación a la Constitución figura también en el nuevo Código Disciplinario, en el que se establecen las faltas y las sanciones en casos de indisciplina militar. Las nuevas normas abren canales para combatir el abuso de autoridad y las novatadas y dejan claramente establecido, por primera vez, que esta prohibido utilizar el poder disciplinario para sancionar "ideas, creencias políticas, religiosas o morales" y que las sanciones no podrán afectar "a la dignidad personal ni humillar al soldado".

Tres mujeres en el alto mando

El Ministerio de Defensa argentino ocupa un impresionante edificio construido ya en su origen por los militares para dejar constancia, a simple vista, de su poderío y capacidad económica. El formidable aspecto exterior no se compadece mucho con el interior, algo deteriorado y falto de mantenimiento, como en la mayoría de los edificios oficiales porteños.

En la planta noble, piso 11, dos soldados de artillería en traje de gala hacen guardia ante una puerta. Es el despacho de la ministra de Defensa, Nilda Garré, de 62 años, abogada, una mujer con mucha experiencia política, que ha desarrollado toda su carrera dentro del peronismo.

El caso de Garré no es novedoso en América Latina, donde curiosamente muchas mujeres se han hecho cargo de la cartera de Defensa. La más conocida es seguramente la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero también hubo una ministra de Defensa colombiana, Marta Lucía Ramírez, y una uruguaya, Azuzena Berruri, entre otras. El Ministerio de Defensa argentino tiene fama, además, desde hace ya algunos años, de contar con un alto número de mujeres en puestos ejecutivos.

El anterior titular, José Pampero, formó un equipo en el que seis de nueve cargos de confianza estaban en manos de mujeres. Garré ha mantenido, en parte, esa línea y cuenta en su organigrama con algunas valiosas colaboradoras. Dos de las más conocidas son la subsecretaria de Formación, Sabina Frederic, y la directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Ileana Arduino.

Frederic, una antropóloga doctorada por la universidad de Utrech, en Holanda, tiene una apariencia extremadamente juvenil, aunque declara 43 años. Ella es la responsable de los nuevos planes de educación en las diferentes escuelas militares y reconoce que es un trabajo apasionante y complicado. En la actualidad tiene en marcha un novedoso proyecto para conseguir que los instructores militares, que son realmente quienes pasan todo el día con los cadetes y quienes más les influyen, asistan a un curso en el que se trate de "todo lo que significa ser un militar ciudadano", explica.

Frederic, empeñada en combatir el abuso de autoridad desde la formación, reconoce que existe una fuerte y recíproca desconfianza entre el mundo civil y el militar y que se ha notado incluso cuando se ha intentado llevar profesores civiles universitarios a las escuelas militares y organizar el paso de los cadetes por las sedes de esas universidades. Reconoce que todavía existen muchos militares retirados entre el profesorado de las escuelas militares ("no se trata de suprimirlos a todos") y que incluso se han dado dos casos mas o menos reciente de profesores encausados por su participación en la dictadura, pero aun así se siente esperanzada y muy confiada en el resultado de la nueva formación de los militares argentinos.

La misma confianza tiene Ileana Arduino, una abogada de sólo 31 años, que se ocupa de los derechos humanos en el Ministerio de Defensa. Sentada en su escueto despacho, llama al coronel Lozano para charlar sobre la nueva legislación militar. Los dos dan muestras de una gran complicidad y de una misma confianza. "Es una transformación muy compleja pero extremadamente importante para nuestro país", explica Arduino. Admite que la imagen de los militares argentinos puede ser muy mala, pero confía en la posibilidad de mejorarla, al mismo tiempo que mejora su reglamentación y su actividad. "Ahora hay militares argentinos en misiones de paz de Naciones Unidas", recuerda.

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