Las FARC admiten la autoría de un atentado que mató a dos civiles

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron ayer, en un inusual comunicado, la autoría de un reciente atentado contra una misión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre en San Vicente del Caguán, en las selvas del sur del país. Dos personas ?un psicólogo y el conductor del vehículo? murieron al activarse una carga explosiva a su paso cuando viajaban cerca de esta población, que fue epicentro del último y fallido intento de diálogo entre el Gobierno y las FARC. Los funcionarios oficiales formaban parte de una brigada para atender niños en una aldea cercana. Tres profesionales más ?una nutricionista, una orientadora y una trabajadora social? quedaron heridas y aún permanecen hospitalizadas.

Las FARC dicen que fue un "error", envían su pésame a los familiares de las víctimas y hacen votos por la recuperación de los heridos, según el comunicado difundido por Internet. Aseguran que confundieron el vehículo atacado con uno del Gaula, el grupo antisecuestro de las Fuerzas Armadas. Dicen, además, que lo ocurrido "es producto del conflicto social y armado que está viviendo el país". Y finalizan dando consejos a los habitantes de esta región para evitar ser víctimas de errores: huir de las relaciones con policías y soldados, viajar por carretera a 500 metros de distancia de los vehículos militares, evitar que se construyan en sitios poblados comandos militares y presionar para que se busque una salida política al conflicto.

Cuando se produjo el atentado, el Gobierno calificó el hecho de "cobarde y terrorista", y anunció una demanda contra el grupo guerrillero ante organismos internacionales de derechos humanos. La directora del ICBF, Elvira Forero, contó que la guerrilla, con su "crueldad", creaba dificultades para hacer una labor "seria y comprometida" en varias regiones del país. "Por eso venimos haciendo denuncias contra ellos", agregó. 69 unidades móviles de esta institución trabajan sorteando dificultades en todo el país.

La situación en San Vicente ?con menos de 20.000 habitantes? se ha complicado a raíz del atentado. Todos los médicos del hospital renunciaron y abandonaron sus puestos de trabajo, asustados por las amenazas no se sabe aún si de las FARC o de delincuentes comunes.

El hospital quedó en manos de dos personas, entre ellas una odontóloga, que asumió la dirección. Hasta el momento, nadie ha llegado a reemplazar a los que se fueron. "Es muy grave; aquí vivimos de tumbo en tumbo, no sabemos en qué momento tenemos una emergencia", explicó a EL PAÍS un habitante de San Vicente.

A pesar de ser uno de los municipios más militarizados de Colombia, los atentados han sido recurrentes desde que terminó el intento de diálogo con las FARC, hace más de seis años. El alcalde y los concejales, declarados por la guerrilla "objetivos militares", viven en una misma zona, permanentemente vigilados. "Viven como en una caja fuerte", dice la misma persona. Algunos se atreven a aventurar que la activación de la carga explosiva se hizo porque el alcalde había anunciado su participación en la brigada atacada. Una de las víctimas, el psicólogo Yamit Correa, era un joven que había regresado dos meses antes a su pueblo para ejercer la profesión que había estudiado en el interior del país. Muchos lloraron su muerte.