Hallados huesos humanos calcinados en un centro de detención de la dictadura argentina

El 16 de septiembre de 1976, diez estudiantes de una escuela secundaria de La Plata, que participaban en una protesta por el aumento del precio del billete de autobús, fueron chupados por el Ejército argentino y la Policía de Buenos Aires. Seis de ellos desaparecieron para siempre. Se llamaban Daniel, María Claudia, Clara, Panchito, Horacio y Claudio, tenían entre 16 y 18 años y su calvario, retratado en la película La noche de los lápices, se convirtió en uno de los principales símbolos de la brutal represión militar argentina. Se sabe que todos ellos pasaron por el Pozo Arana, es decir por la Delegación de Cuatrerismo de Arana, una instalación dependiente de la Comisaría 5 de La Plata. Allí, en ese pasaje desamparado, a diez kilómetros de la capital, en una zona de quintas de recreo, expertos forenses acaban de desenterrar más de 10.000 fragmentos de huesos calcinados y de limpiar un muro, mejor dicho, un paredón de fusilamiento donde se han contabilizado más de 200 impactos de bala.

El Pozo Arana estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, es decir del comisario Miguel Etchecolatz y de su jefe Ramón Camps. Funcionó como centro ilegal de detención al menos entre 1976 y 1977. Camps murió de cáncer en 1994, sin haber pasado un día en la cárcel, pese a ser responsable personal, como mínimo, de 214 secuestros, 120 casos de tortura, 32 homicidios, 47 desapariciones, dos violaciones, 18 robos y 10 secuestros de niños. Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua en 2006 gracias al testimonio de un albañil, Jorge Julio López, que también pasó por el Pozo Arana y que testificó haberle visto dar un tiro en la cabeza a Graciela del Orto. "El disparo le entró por frente y le salio por detrás". Etchecolatz, de 77 años, condenado también por 95 casos probados de tormento, oyó la sentencia muy irritado: "No tienen vergüenza en condenar a un anciano enfermo. Pero el juez supremo nos espera después de muertos". En uno de los casos más extraños de la democracia, Julio López terminó desapareciendo misteriosamente en 2006.

Otro de los responsable del Pozo Arana fue el policía Miguel Kearney, que se encuentra detenido y todavía procesado por ser el jefe directo de ese centro de detención. Entre las acusaciones figura la de prender fuego a los cadáveres de los asesinados. En el informe Nunca Más, elaborado en el primer gobierno democrático tras la dictadura, se dice que en el Pozo Arana "se enterraba a los asesinados en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultáneamente neumáticos". Hasta hace un año, sin embargo, no se había procedido a la excavación del lugar.

Esos son los restos que ahora han localizado los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense. Según su testimonio, es la primera evidencia de un enterramiento masivo en un chupadero, nombre que se le daba a una instalación oficial militar o policial. El Pozo Arana fue, sin lugar a dudas, un campo de "liquidación final", en el que se produjeron frecuentes ejecuciones, más allá de las muertes ocurridas por culpa de la tortura.

Alberto Liberman, uno de los supervivientes de aquel lugar de exterminio, recordó en el juicio a Kearney haber escuchado a un policía decir que se sentía orgulloso porque había encontrado la proporción ideal "entre cuerpos y neumáticos" para que no se pudiera percibir nada más que el olor a caucho quemado.

Los forenses afirman que todavía no es posible saber exactamente cuantos cuerpos pasaron por ese particular crematorio, pero creen que, además de las cuatro fosas en las que ya han encontrado restos humanos, existen otros once lugares en el propio destacamento policial que están siendo también investigados. Por el momento parece muy difícil establecer si entre los restos están los de los adolescentes de La noche de los lápices.

Los forenses han enviado algunos fragmentos óseos a Estados Unidos para que los mismos técnicos que intentaron establecer la identidad de las víctimas carbonizadas del 11-S traten de lograr muestras de ADN.