La Audiencia estudia una querella por la masacre de los jesuitas en El Salvador

Era demasiado tarde para que hubiera estudiantes. Sobre las tres de la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en pleno toque de queda, una treintena de miembros uniformados del Ejército salvadoreño entraron en la Universidad Centroamericana (Uca) de San Salvador y dispararon contra todos los que encontraron. En esa matanza perecieron Ignacio Ellacuría "el rector" y otros cinco jesuitas, todos profesores, así como la mujer del guardián y su hija.

Diecinueve años después, dos asociaciones de derechos humanos, una española y otra estadounidense, han solicitado que se juzgue en España al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por haber consentido y encubierto la masacre, y a 14 militares que supuestamente participaron en la operación criminal. La querella, promovida por la Asociación pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EE UU), solicita que se investiguen esos hechos, perdonados por el Parlamento salvadoreño, que en 1993 aprobó una ley de amnistía general que ha protegido hasta hoy a todos los que estuvieron supuestamente implicados en la masacre, aún en libertad.

Ésa es la razón de que ambos colectivos hayan elegido la Audiencia Nacional, competente para juzgar los delitos de genocidio cometidos en el extranjero. Los hechos, según el escrito presentado ayer, "se subsumen en crímenes de lesa humanidad y terorismo de Estado" o, alternativamente, "en asesinatos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad". La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Lo primero que tendrá que decidir su titular, Eloy Velasco, es si la admite a trámite, paso previo al inicio de la investigación.

La competencia de este órgano vendría también determinada porque cinco de las víctimas ?los religiosos Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López? eran españoles.

"Encubridor"

Cristiani, según la querella, sería responsable como "encubridor" de los hechos. El ex presidente "ocultó información sobre los hechos", eludió "una adecuada investigación", organizando otra que incurrió "en graves irregularidades procedimentales" e ignoró los requerimientos de la justicia salvadoreña para investigar las muertes.

Además del ex presidente Alfredo Cristiani, entre los denunciados se encuentran el entonces ministro de Defensa, Humberto Larios, o el que era jefe del Ejército Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador cuando se produjo el atentado, René Emilio Ponce, además de otros cargos de los departamentos de Defensa y Seguridad Pública y otros militares miembros del batallón de Infantería Atlacatl, a los que se acusa de perpetrar los crímenes.

El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se mostró ayer en contra del proceso penal que podría iniciarse en España. "Creo que abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación", aseguró Saca, que recordó que, en su momento, se firmó un acuerdo de paz basado en la Ley de Reconciliación y la Ley de Amnistía. Precisamente esta última norma es la que ha impedido que se juzgue a los presuntos autores de la matanza.

"Nos sentimos muy orgullosos del presidente Cristiani", prosiguió Saca. "Es el presidente de la paz, es un hombre que sacó al país de la quiebra económica. Estamos con él, lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país. Definitivamente no tiene nada que ver en eso", concluyó

Grandes esperanzas

Sin embargo, la querella ha generado grandes esperanzas entre los colectivos de derechos humanos salvadoreños. "Es un hito histórico porque demuestra que en El Salvador está vigente la impunidad", dijo ayer David Morales, abogado de la Fundación de Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad) y de un grupo de organizaciones de memoria histórica, ante la noticia de la posibilidad de abrir en España un juicio que se ha negado tanto tiempo en ese país.

Por su parte, la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana, a la que pertenecían los sacerdotes asesinados, reiteraron que no son parte de la demanda hecha en Madrid, aunque respetan las iniciativas que puedan surgir en reclamo de justicia por parte de los familiares de los asesinados. "Desde hace años, la Compañía de Jesús en Centroamérica y la Uca han tomado la decisión de actuar en el caso jesuitas exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador", aseguró el sacerdote José María Tojeira, actual rector. "No participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador", añadió.

La Uca demandó a Alfredo Cristiani en 2000, así como a seis altos militares, entre ellos los generales retirados Guillermo García y René Emilio Ponce, a los que ahora se intenta investigar en España. Pero la demanda no prosperó al considerarse que el delito había prescrito.