La frontera de sangre del Darién

Son 69 kilómetros, con un puente de 1,3 kilómetros sobre el río Atrato, que desafía a la selva y al conflicto armado que asola el abandonado departamento colombiano del Chocó. Pero la carretera, de la que faltan 30 kilómetros, provoca una batalla, pacífica pero enconada, en la intrincada y turbulenta zona fronteriza entre Colombia y Panamá. El Gobierno colombiano insiste en hacer franqueable el tapón del Darién y su consejero presidencial, Fabio Valencia, reitera que la vía estará terminada en 2010. Entretanto, Panamá se hace el loco; su ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, responde a Colombia con contundencia: "Esa carretera no está en nuestros planes".

Para los empresarios de la rica región de Antioquia, en Colombia, la vía que llevará el asfalto hasta la frontera es fundamental para que sus exportaciones alcancen el canal de Panamá de forma más rápida y barata. Pero en Panamá, nadie quiere abrir el tapón del Darién. Temen que los males colombianos se contagien a la tranquila Panamá con más facilidad que ahora. Los argumentos oficiales para poner la carretera que una los dos países en el último lugar de las prioridades son medioambientales y de seguridad.

El tapón del Darién, como se conoce popularmente a esta barrera selvática que marca los 16.803 kilómetros cuadrados de la frontera menos mediática de Colombia, ha sido tradicionalmente un muro divisorio entre Centroamérica y Suramérica que, primero, presumía de frenar la fiebre aftosa (la plaga de la ganadería más temida en la región), y luego, de constituir un freno al conflicto armado colombiano.

El ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Daniel Delgado, reconoció recientemente que por esta frontera y por las aguas del Pacífico y del Atlántico que la flanquean circularán este año unas 1.400 toneladas de cocaína procedente de Colombia. En las playas del Pacífico panameño que limitan con la frontera colombiana es tan fácil ver cascadas de ensueño, o delfines y ballenas, como lanchas rápidas en un trasiego ilegal que parece invisible para las fuerzas de seguridad de uno y otro lado de la frontera. Narcotraficantes y miembros del Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacen un sandwich entre mar y selva en el que sobreviven comunidades indígenas emberá, a las que nadie ayuda. Por si su aislamiento fuera poco, ahora se les añade el estigma de "colaboradores de los terroristas", es decir, de la guerrilla.

"Somos panameños y merecemos que se nos respete la vida, pero empezamos a pensar que nos quieren sacar de acá", explica Lázaro Pacheco, líder de la comunidad de Guayabito, mientras mira con preocupación el ejército infantil que juega en esta playa paradisiaca donde se está viviendo un infierno. En voz baja, mirando al suelo, los moradores confiesan que sí, que por aquí pasan guerrilleros. "Y también los narcos, pero ¿qué podemos hacer?, ¿les decimos que no arrimen la lancha?", se pregunta de manera retórica uno de los pescadores del lugar.

Al miedo a los ilegales hay que agregar el que genera la autoridad. Hasta hace meses era extraño ver en esta zona, a poco más de media hora de Colombia por mar, a las unidades de la policía fronteriza panameña (lo más parecido a un Ejército en un país que carece de él desde la invasión estadounidense en 1989). Todo cambió tras un choque a tiros en el mar entre una lancha con seis presuntos integrantes de las FARC y otra con policías en febrero.

La última semana de abril, la policía fronteriza panameña lanzó una operación llamativa en un lugar conocido como Playa Luciano, para detener al cabeza de familia de la decena de indígenas que allá malviven. Josefino Chimicui, conocido como Yaviza, de 66 años malvividos, no estaba en casa, pero las fuerzas de seguridad dispararon, lanzaron granadas y tomaron una playa donde sólo encontraron a tres mujeres, cinco niños y un hombre adulto. Ni rastro de la guerrilla.

Cuando se marcharon no quedaba un plato entero, habían quemado una lancha, otra la habían partido y tirado al mar, y cualquier cosa de valor fue confiscada. Yaviza ya ha sido acusado formalmente de colaborar con la guerrilla. Al temor habitual, ahora se suma la frustración. La presión viene de todas partes. Las fuerzas de seguridad colombianas, acantonadas en la atrincherada población de Juradó (tomada por las FARC en diciembre de 2000), tampoco dejan a estos indígenas de la frontera comprar víveres en cantidades importantes, por si terminan en manos de la guerrilla, ni vender su pescado.

Del lado colombiano, la situación real es un enigma. De la frontera con Panamá apenas se habla en Bogotá. El departamento del Chocó, uno de los más empobrecidos del país, sólo es famoso por matanzas —como la que en 2002 causó 90 muertos— o los casos de fallecimiento de niños indígenas por hambre o desastres naturales.

Los datos, difíciles de compilar, hablan de la mayor presencia militar del país en proporción a la población. Hay un soldado por cada 130 chocoanos civiles, mientras cada 3.750 ciudadanos tienen que pelearse por un médico y sólo hay 90 camas de hospital para 450.000 habitantes.

"Lo que ha cambiado en los últimos seis o siete años tiene mucho que ver con la libertad de expresión. Ahora se mata y se atenta contra los derechos humanos igual o peor que antes, pero ahora nadie denuncia", dice un misionero laico que lleva 30 años en la zona pra explicar la ley del silencio que allí rige.

El recorrido por el imponente río Atrato es un buen indicador de la crítica situación. Poblaciones empobrecidas, sin trabajo, sin otra cosa que hacer que ver pasar el agua, entre pequeñas bases militares, patrulleras armadas, retenes… ¿Y en la selva? Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Hay combates y muertos todo el tiempo, pero eso no lo cuentan los medios colombianos, aliados del Gobierno", aseguraba hace meses el comandante Becerro, dirigente del Frente 57 de las FARC, desde uno de los afluentes del Atrato. Armas y más armas que no han logrado devolver la paz a una zona que vio cómo la irrupción del paramilitarismo en 1996 trajo la confrontación y la peor de las pesadillas para la población civil.

¿Cómo han cambiado las cosas desde la desmovilización? Una sonrisa irónica se dibuja en el rostro de un analista que no quiere que se publique su nombre, anónimo en un país de anónimos por el riesgo que comporta abrir la boca. "No ha habido desmovilización paramilitar, sino reorganización", señala.

Ahora, los Águilas Negras, principal reagrupación paramilitar, compite con grupúsculos como Los Rastrojos por el control del negocio de la coca, de la madera o del comercio local. "Y lo más increíble es que a veces el negocio lo arreglan con la guerrilla", explica otra fuente fiable.

En Quibdo, la capital del departamento colombiano del Chocó, se ve cierta prosperidad esquiva. Y no es que la economía haya resucitado donde no hay economía, sino que los tráficos ilegales están pasando por un buen momento.

Mucho más al este de Quibdo se encuentra el golfo de Urabá, la desembocadura del río Atrato y otro de los agujeros de este tapón maltrecho. Desde allá, uno de los bastiones históricos del paramilitarismo, se inicia el tráfico humano hacia Panamá. "Ahora llegan a cuentagotas y muchos mueren en el camino, pero nadie va a reclamar por los ilegales", diagnostica un policía panameño del cuartel de La Palma, el principal de Darién.

El tapón está abierto. Un secreto a voces silenciado en Panamá por el temor a la colombianización del país. Un embajador europeo que conoce la zona lo resume así: "Es tan selvática, que esta frontera es incontrolable. Es ridículo siquiera pensar que sea posible".