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La directiva sobre el retorno de 'sin papeles', pendiente del Parlamento Europeo

Los ministros de la UE dan su visto bueno a la norma, que permite el internamiento de los inmigrantes hasta 18 meses.- Introducen la posibilidad de la defensa gratuita de los detenidos

Los ministros del Interior de la Unión Europea han dado hoy su visto bueno a la polémica directiva de retorno de inmigrantes sin papeles, que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes irregulares hasta 18 meses o la detención de éstos por orden administrativa. La directiva queda pendiente ahora para su de la aprobación del Parlamento europeo, el próximo 17 de junio, donde los distintos grupos mantienen divisiones. Los ministros han introducido la posibilidad de que la defensa gratuita de los inmigrantes detenidos, algo a lo que se negaban, entre otros, Alemania.

Los embajadores de los Veintisiete resolvieron ayer miércoles el último punto pendiente, la cuestión de quién asume los costes de la asistencia legal de los inmigrantes. Varios países, encabezados por Alemania, Austria y Grecia, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación y se dejó la decisión en manos de cada Estado miembro. Esta fue una de las causas que propiciaron el fracaso de la directiva en el primer intento de aprobación por parte de los ministros, el pasado 7 de mayo.

El Parlamento Europeo, sin embargo, es partidario de que se proporcione asistencia legal gratuita a los detenidos. Finalmente, la solución de compromiso es que se admite la posibilidad de la asistencia gratuita pero con una serie de salvaguardas que ya aparecen en la directiva sobre refugiados. Además, este principio entrará en vigor un año más tarde que el resto de la directiva. Asimismo, la Comisión se compromete a facilitar ayudas comunitarias para cubrir estos gastos.

El paso de la directiva por la Eurocámara no será un mero trámite. El Parlamento tiene poder de codecisión y podría incluir enmiendas a lo aprobado por los ministros. Además, hay diferencias entre las posiciones sobre la norma de los distintos grupos parlamentarios. Los socialistas, en principio, se oponen a la norma, con la salvedad de que los diputados de algunos países, como los españoles, son firmes partidarios del texto. También ha divisiones dentro del Partido Popular Europeo (la derecha belga, por ejemplo, está en contra), y entre los liberales. Los Verdes e Izquierda Unitaria parecen más unidos en su oposición.

Armonizar

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes. Otros, como España, tienen plazos muy inferiores a los que marca la nueva directiva.

Pero el periodo de internamiento no es el único aspecto polémico. El texto establece que el "internamiento podrá ser decidido por las autoridades administrativas o judiciales" y tendrá un límite de seis meses, ampliado hasta 18 si se complica el proceso de expulsión del detenido. Las detenciones podrán ser decididas por orden administrativa, aunque se exige un "control judicial lo más rápidamente posible". Finalmente, la norma también permite la detención de menores no acompañados, aunque esta medida se tomará "sólo como último recurso y por el menor tiempo posible".

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días.