Perú apela el fallo del juez chileno que rechazó la extradición del ex presidente Alberto Fujimori
Los abogados del Estado peruano presentaron ayer en Santiago de Chile el recurso de apelación contra el fallo del juez Orlando Álvarez, quien rechazó el miércoles la extradición del ex presidente Alberto Fujimori a su país, informó el procurador (fiscal) Anticorrupción de Perú, Carlos Briceño.
El procurador declaró en Lima que acababa de recibir un fax del despacho de abogados Etcheberry-Rodríguez en el que se le informa de que ya se interpuso el recurso de apelación contra la resolución del juez chileno.
En una conferencia de prensa en la que también participó la ministra de Justicia peruana, María Zavala, el procurador agregó que, "extrañamente", el magistrado "dice que no proceden los cuadernos de extradición", en alusión al contraste del fallo con la propuesta no vinculante de la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado, que recomendó la extradición a Perú el pasado 7 de junio.
Los argumentos presentados por el magistrado chileno se resumen en que en la mayoría de los cargos contra Fujimori no se acredita la participación del imputado, en algunos se aplica la prescripción y en otros los hechos no configuran delito según la legislación chilena.
Ante la segunda fase del proceso de extradición, Briceño expresó su confianza en los cinco vocales de la Corte Suprema de Chile, y dijo que intentará, junto al jefe de la Unidad de Extradiciones de Perú, Omar Chehade, "tener una entrevista personal con ellos para tratar estos temas y muchos más". Agregó que tiene "la plena convicción de que en la Segunda Sala de la Suprema de Chile se va a dictar la extradición del ex presidente Alberto Fujimori". Dicha sala penal del máximo tribunal chileno debe nombrar ahora un relator para que conozca todo el expediente y después fije los alegatos, que serán públicos.
Briceño también criticó al juez chileno por no tener en cuenta "resoluciones categóricas" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en referencia a los dos casos de violación de los derechos humanos, el de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), incluidos en la solicitud de extradición.
