La justicia brasileña suspende a tres comisarios de la Policía Federal por vínculos con una red de corrupción

El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ordenó ayer la suspensión de tres comisarios de la Policía Federal por su supuesta vinculación con una red de políticos y empresarios acusados de fraude contra el Estado, informaron fuentes oficiales. La decisión fue anunciada por la magistrada Eliana Calmon, quien está al cargo de las investigaciones de una mafia con tentáculos en el Gobierno, el Congreso y la industria de la construcción que le han costado el cargo al ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, y tienen en la cuerda floja al presidente del Senado, Renan Calheiros.

Rondeau dimitió la semana pasada, acusado de recibir comisiones de una empresa implicada en los fraudes, y Calheiros es sospechoso de tener vínculos con constructoras que están bajo investigación.

Calheiros respondió en parte a las acusaciones la víspera desde la tribuna del Senado, pero no logró convencer del todo a algunos partidos de oposición, que ayer analizaban la posibilidad de pedir que sea investigado, incluso con fines de destitución.

Además de ordenar la suspensión de los comisarios, la jueza citó a declarar a Rondeau y a los gobernadores de Alagoas, Teotonio Vilela Filho, y Maranhão, Jackson Lago.

Alagoas y Maranhão son dos de los 10 Estados donde han sido detectadas irregularidades con la concesión de obras públicas, muchas de ellas previstas en el ambicioso Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Ese plan prevé inversiones públicas y privadas por importe de más de 170.000 millones de euros hasta 2010, y fue anunciado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a finales de enero pasado.

En sus primeras operaciones sobre este caso, la Policía Federal detuvo a 43 personas, entre ellas a un ex gobernador, dos alcaldes, un diputado regional, varios empresarios y un banquero.

Cinco de esas personas continúan detenidas, entre las que figura el mayor accionista de la empresa Gautama, Zuleido Veras, acusado de pagar comisiones ilegales a altos cargos del Gobierno e incluso a parlamentarios.