La Audiencia Nacional respalda la extradición a Argentina de un ex miembro de la Triple A
Se trata de Rodolfo Almirón, acusado de varios asesinatos cometidos entre 1973 y 1975 por ese grupo paramilitar
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha informado hoy a favor de la extradición a Argentina del ex subcomisario de la Policía Federal de ese país Rodolfo Eduardo Almirón. De ser finalmente extraditado, el ex comisario tendrá que responder por los delitos de asociación ilícita y lesa humanidad que habría cometido al frente de la dirección de la organización paramilitar la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, que operó entre 1973 y 1975, cometiendo varios asesinatos.
El abogado de Almirón, Marcos García-Montes, se ha opuesto a la extradición y ha argumentado que su cliente no tiene ya la nacionalidad argentina al haberle denegado el Consulado de este país la renovación del pasaporte y al haber adoptado la nacionalidad española en 1977, que obtuvo al casarse en España.
García Montes ha señalado también que la causa por la que Argentina solicita la entrega de Almirón es un delito común que "estaba durmiendo el sueño de los justos" desde 1984 y que, sorprendentemente, el pasado 27 de diciembre fue "resucitado" por las autoridades de dicho país como de lesa humanidad, es decir, de persecución universal. Almirón fue detenido un día después en España.
El letrado ha añadido, en defensa de su patrocinado, que entre 1973 y 1975 sólo realizaba "labores burocráticas" en la Policía y ha subrayado el "arraigo" de Almirón en España, donde ha trabajado como escolta del ex presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga y como formador de los guardaespaldas del ex presidente del Gobierno Felipe González.
Las autoridades argentinas cursaron a finales de enero la petición de entrega del ex policía, que cumple prisión en España desde el pasado 29 de diciembre por orden de los Juzgados de Instrucción de Valencia, que acordaron esta medida por exhorto de la Audiencia Nacional.
Argentina reclama su entrega a petición del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los asesinatos cometidos por la Triple A durante el Gobierno de la presidenta Estela Martínez de Perón, que se encuentra en libertad bajo comparecencias quincenales.
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