El defensor del Pueblo de Guatemala pide una depuración de la policía

El defensor del Pueblo de Guatemala, Sergio Morales, publicó ayer anuncios pagados en la prensa local en los que reitera su nunca atendida denuncia de la infiltración del crimen organizado en la policía. Por eso, exige al Gobierno la inmediata depuración de ese cuerpo de seguridad para que se esclarezca totalmente el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de su chófer, el 19 de febrero. Cuatro policías acusados del crimen también fueron asesinados cuando se encontraban en una cárcel de alta seguridad. Un quinto agente se entregó a las autoridades el miércoles y en sus declaraciones ha alegado repetidamente su inocencia.

Tras prestar declaración ante sus superiores, Marvin Roberto Contreras Natareno, de 29 años, acusado por las autoridades guatemaltecas de formar parte del comando de policías que el 19 de febrero asesinó a tres diputados salvadoreños del Parlacen y a su chófer, fue enviado a la cárcel bajo excepcionales medidas de seguridad y con protección de la oficina del Defensor del Pueblo.

Según trascendió, Contreras se negó a declarar aunque alegó ser inocente del asesinato de los parlamentarios. Sin embargo, el fiscal del caso, Cándido Bremen, dijo que posee una lista de llamadas telefónicas que el imputado hizo a los cuatro policías que pueden haber sido los ejecutores materiales del asesinato. Añadió que cuenta con testimonios de testigos que ubican a Contreras en la escena del crimen.

De acuerdo al director de la policía guatemalteca, Edwin Sperisen, con la entrega de Contreras quedan todavía dos policías fugitivos. Uno de ellos es Jeiner Barillas, aunque la identidad del segundo se mantiene en reserva.

Con las denuncias del defensor del Pueblo sobre la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de policía coincidió ayer el cuerpo diplomático, que se reunió con Morales, según explicó a EL PAÍS el embajador de España en Guatemala, Juan López-Dóriga.

“España y Guatemala son viejos socios en materia de cooperación y está dispuesta a colaborar en esta tarea si el Gobierno guatemalteco así lo demanda”, informó el diplomático, que añadió que ese sentimiento es generalizado en la comunidad internacional.

Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, de visita en Washington, dijo el miércoles a una cadena de televisión estadounidense que varias autoridades guatemaltecas están implicadas en los asesinatos de los cuatro salvadoreños.

“Hay autoridades de Guatemala que deben ir ante la justicia y eso es lo que, con todo respeto, hemos pedido al presidente Óscar Berger. Que llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo Saca, quien también demandó que Guatemala “ponga fin a la triste historia de impunidad” que se vive en ese país centroamericano.

En su capital, el ministro del Interior, Carlos Vielmann, dijo desconocer las declaraciones del mandatario salvadoreño, a quien sólo respondió que puede tener “la certeza” de que Guatemala hará los esfuerzos necesarios para sentar a los responsables en el banquillo.

El 19 de febrero, tres diputados salvadoreños del Parlacen llegaron a Guatemala para participar en una plenaria del foro regional, con sede en esta capital. En los suburbios de la ciudad fueron secuestrados y asesinados; después, sus cadáveres fueron calcinados. El jueves 22, las autoridades guatemaltecas informaron de que habían logrado identificar y capturar a los autores, que resultaron ser miembros de un comando de élite de la policía. El extremo venía a confirmar la percepción generalizada de que, al amparo de ese cuerpo de seguridad, operan escuadrones de la muerte dedicados a realizar la llamada “limpieza social” (ejecuciones extrajudiciales de delincuentes irredentos).

El escándalo, a pesar de ser mayúsculo, fue superado el pasado domingo cuando los cuatro policías capturados fueron asesinados en los calabozos de El Boquerón, una cárcel de máxima seguridad.