Incertidumbre y ausencias en la apertura del proceso a paramilitares en Colombia

Los paramilitares colombianos desmovilizados comenzaron ayer a presentarse ante la justicia para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, un proceso sin precedentes que, no obstante, no parece haberse iniciado con buen pie, con retrasos y ausencias de algunos de los protagonistas. A los juicios, en teoría, se someterán 2.700 ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según los analistas, el modo en que arranquen estos procesos marcará, en buena medida, el verdadero resultado de la negociación entre los grupos paramilitares y el Gobierno.

El primer traspiés, sin embargo, ocurrió ayer, cuando estaba previsto que Wilson Salazar, alias El Loro, lugarteniente de Jorge 40, uno de los más temidos y poderosos comandantes de estos grupos, compareciera a primera hora ante la justicia. Sin embargo, al comienzo de la tarde (hora local) y al cierre de esta edición, aún le aguardaban los jueces. Según el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, problemas jurídicos y logísticos provocaron el retraso.

El Loro, de 32 años, había amenazado con no asistir al tribunal si no se le garantizaba un lugar especial de reclusión. Está acusado de terrorismo y de varios crímenes cometidos en la región caribeña colombiana.

Su ausencia disparó los temores que existen sobre este difícil proceso, en el que 2.700 de los más de 30.000 combatientes que dejaron sus armas desde mediados de 2004 serán procesados de acuerdo a una norma especial, la Ley de Justicia y Paz.

Los demás, según un decreto expedido hace pocos días por el Gobierno, serán indultados. Este beneficio se aplicará a quienes no hayan cometido crímenes de lesa humanidad y se hayan desmovilizado antes de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional el articulado de la Ley de Justicia y Paz que convertía en delito político el paramilitarismo.

Las principales dudas tienen que ver con la solidez de las pruebas que maneja la fiscalía y sobre la participación de las víctimas. Ésta es una de las principales novedades de este complejo proceso: las víctimas tienen derecho a participar en todas las actuaciones judiciales, y pueden preguntar y cuestionar a sus verdugos. Sin embargo, ayer, en un juicio en Barranquilla, estaba previsto que las víctimas se reunieran en un salón aparte y sólo vieran el interrogatorio por televisión. Carlos Rodríguez, de la ONG Comisión Colombiana de Juristas, calificó este hecho como “gravísimo”, ya que la Corte Constitucional garantizó a los afectados la participación, sin restricciones, en todas las sesiones.

La Comisión de Reparación, cuya misión es proteger a las viudas, huérfanos y desplazados causados por estos grupos armados, había alertado el miércoles sobre la existencia de bandas criminales que, con asesinatos y amenazas, tratan de impedir que estas personas realicen sus denuncias y exijan sus derechos.

Los paras acusados están obligados a confesar toda la verdad. Si la fiscalía tiene pruebas de hechos no declarados, perderán los beneficios; entre ellos, penas máximas de ocho años para delitos penalizados con hasta 40 años en la justicia ordinaria.

El temor es que los acusados traten de conocer con anterioridad las cuentas pendientes con la justicia para limitarse a contar sólo esa fracción de la verdad. El tamaño de la confesión determinará también la cuantía de la reparación que deberán recibir sus víctimas.

El proceso judicial, sin precedentes en un país marcado por distintos conflictos, se inicia mientras la Iglesia, el Congreso y la Organización de Estados Americanos (OEA) tratan de salvar el último pulso entre 59 jefes paras y el Gobierno. Los primeros se sienten traicionados después de que el Gobierno los trasladara de un cárcel especial a otra de máxima seguridad.

Y se da también en medio del grave escándalo sobre los supuestos vínculos entre políticos y paramilitares y su infiltración en las instituciones del Estado. Esta semana han desfilado por la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía congresistas y ex funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe. Por el momento, tres congresistas permanecen encarcelados.