La tributación del salario mínimo en España está entre las más bajas de la Unión Europea

La decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar el IRPF a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha desatado un fuerte terremoto tanto dentro del Gobierno como en el resto de formaciones del arco parlamentario. Sumar, el socio minoritario de la coalición, y otros partidos que suelen servir de soporte al Ejecutivo —como Podemos, ERC, Bildu o BNG— rechazan de lleno la opción del departamento que dirige María Jesús Montero y prometen dar la batalla para revertirla. También se ha mostrado en contra el PP, que reclama una nueva actualización del mínimo exento del impuesto para que la subida aprobada por el Gobierno, de 700 euros anuales, quede íntegra en los bolsillos de los perceptores. Hacienda defiende que en los últimos años se han aprobado rebajas fiscales sin parangón para las rentas bajas y medias que han permitido que el SMI se librara de tributar, algo que ya debe llegar a su fin. En una comparativa europea, los datos oficiales muestran que las rentas más bajas solo pagan en impuestos un 6,7% en España, la cifra más baja de la UE y muy alejada de la media comunitaria, del 19%.

Los últimos datos disponibles en la oficina de estadística europea, Eurostat, reflejan que la tasa impositiva sobre los trabajadores de rentas bajas en España, considerando IRPF y cotizaciones sociales menos transferencias, es significativamente baja a nivel comunitario y global, solo similar a la de Estonia. En concreto, una persona soltera, sin hijos y con un salario equivalente en el año 2023 al 50% del sueldo medio bruto anual (el tramo más bajo que permite ver Eurostat) destinó el 6,69% de su retribución al pago de impuestos, frente a la media europea del 19,03%. Ese dinero, además, se abonó únicamente a través de las cotizaciones sociales, y no del IRPF.

Muy lejos quedan las cifras de Alemania (28,8%), Portugal (20,6%), Francia (13,8%) o Italia (11,3%) para el mismo año. Si el abanico se abre a países extracomunitarios, destacan cifras como las de Japón (20,07%), Estados Unidos (19,81%) o Suiza (13,26%).

Un dibujo relativamente similar es el que muestra el informe Salarios mínimos en 2024: Revisión anual (Minimum wages in 2024: Annual review, en inglés), publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y del Trabajo, Eurofound. El organismo, con datos cerrados del año 2023, analiza los salarios mínimos de cada país europeo, en este caso teniendo en cuenta los importes del sueldo neto, la carga en IRPF y las cotizaciones sociales a cuenta del empleado. Y una vez más, España se encuentra en el grupo de países con la menor carga tributaria sobre las rentas inferiores.

En la totalidad de países analizados por Eurofound el trabajador contribuye a la Seguridad Social, pero no en todos tributa por el IRPF. En ese ejercicio, el mayor salario mínimo de todos, con unos 2.200 euros al mes en 12 pagas, se daba en Luxemburgo. No pagaba IRPF, pero tenía una de las cotizaciones sociales más elevadas de todas las analizadas. La mayor carga por IRPF, por su parte, se daba en Dinamarca, que contaba con una retribución mínima de 1.946 euros. En Alemania y Francia, con suelos retributivos de 1.457 y 1.381 euros mensuales, respectivamente, el SMI también tributa por IRPF, al igual que en países como Bélgica e Irlanda o Italia, Suecia y Finlandia, que no tienen un salario mínimo oficial (en este caso se usa una media de los sueldos más bajos registrados). En Malta, Estonia, Grecia, Portugal y Chipre el pago del impuesto sobre la renta es testimonial o no existe, al igual que en España.

Esto se produjo porque Hacienda, año tras año, fue actualizando el mínimo exento del IRPF con cada subida del SMI para evitar que las mejoras retributivas acabasen tributando, de tal manera que solo enfrentaran el pago de las cotizaciones sociales. Era algo lógico, dado que el salario mínimo partía de niveles ínfimos en 2018, apenas 10.300 euros al año. En 2024, sin ir más lejos, el límite a partir del cual se pagan impuestos subió de los 15.000 a los 15.876 euros, el que fue el SMI de ese ejercicio. Ahora, tras la última subida y una vez que se ubica en torno al 60% del salario medio neto, en parte del Gobierno consideran que el SMI debe empezar a tributar y ayudar a sostener las cuentas públicas. Además, desde Hacienda recuerdan que la mayor parte de sus perceptores (cerca del 80% de los aproximadamente 2,5 millones de beneficiarios) seguirían estando exentos en la práctica dadas las deducciones familiares que contempla la ley.

La otra parte del Gobierno de coalición, junto a otros socios habituales, reclama que “la justicia fiscal empieza por arriba”, tal y como repitió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. “Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas, que se desgravarán el 100% del IRPF”, añadió. El argumento de Sumar y el resto de fuerzas de izquierdas se centra en que si se bajan impuestos a arrendadores de vivienda no se puede dar la señal política de incluir en el IRPF justo ahora a las rentas más bajas. Por eso, piden que la mejora salarial vuelva a quedar libre de retención.

Mientras, Hacienda asegura que esto es lo que pedían los expertos del grupo reunido por Trabajo, que ya ha habido importantes rebajas para las rentas inferiores y que el 80% de los perceptores del SMI quedará fuera del alza fiscal por las distintas exenciones. También recuerdan que un soltero sin hijos que perciba el nuevo salario mínimo pagará 300 euros en retenciones a partir de ahora, frente a los 1.324 euros que abonaría el mismo salario en 2018, con el esquema del Gobierno del PP.