Bruselas pide ampliar el presupuesto europeo para cubrir las necesidades de competitividad y defensa

El presupuesto europeo multianual actual no da para cubrir las nuevas prioridades y las crecientes necesidades en competitividad, transición verde o defensa. Tampoco para garantizar el reembolso del plan de recuperación de la crisis económica que provocó la covid sin renunciar a elementos importantes. Con esta premisa, la Comisión Europea pide a los Estados miembros ampliar ese marco financiero y hacerlo mucho más ambicioso. La propuesta es uno de los ejes de una enorme reforma mucho más amplia, estructural y rompedora, con la que Bruselas plantea el fin del modelo actual de los fondos de cohesión y agricultura para concentrar el gasto en un solo plan para cada país; y además establecer una condicionalidad de los pagos a reformas políticas y objetivos, según una comunicación política que revisó este martes el colegio de comisarios a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El documento, que por primera vez detalla con precisión la revolución que puede sufrir el presupuesto europeo, da comienzo a la batalla por el marco financiero plurianual para el periodo entre 2028 y 2034, para el que se avecina una lucha encarnizada entre los Estados miembros y también de estos con la Comisión. Los países más frugales, como Alemania o Países Bajos, se opondrán con gran probabilidad a cualquier aumento del presupuesto europeo. Bruselas planteará una propuesta legislativa más concreta el próximo julio.

De momento, el Ejecutivo comunitario no se aventura a dar una cifra de cuánto habría que ensanchar el marco financiero diseñado para siete años —que ahora es del 1% del PIB anual y se nutre de las contribuciones de los Estados miembros—, pero habla de recursos propios y de impulsar los impuestos europeos. Y es muy clara: “Europa necesita encontrar la cuadratura del círculo: no puede haber un presupuesto de la UE que esté a la altura de nuestras ambiciones y que garantice, en particular, el reembolso de Next Generation EU [el fondo de recuperación] y, al mismo tiempo, contribuciones financieras nacionales estables sin introducir nuevos recursos propios”.

La deuda del fondo de recuperación, entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros al año, consumiría cerca del 20% del presupuesto anual de la UE, detalla el informe. Con su propuesta, Bruselas da además seguimiento a las demandas del informe del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi, que ha advertido de que o la UE acelera, invierte y aumenta su productividad y competitividad o se enfrenta “a una lenta agonía” frente a Estados Unidos y China.

La tesis del Ejecutivo comunitario, liderado por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, es la misma que la de España, que ha exigido duplicar de forma permanente el presupuesto ante el reto que supone, entre otras cosas, el desembarco de Donald Trump en Washington.

Bruselas defiende una renovación profunda de cómo se distribuyen las partidas para que pasen a encuadrarse en un fondo para cada país, que englobe la parte de cohesión y la agrícola, centrado en reformas e inversiones y que se pueda configurar en asociación con las regiones. “El statu quo no es una opción”, afirma. Señala, además, que el presupuesto debe ser más flexible y estar menos encorsetado para adaptarse a las necesidades y prioridades que lleguen. Ahora, el 90% de los fondos europeos están pre-programados desde el principio.

La intención de simplificar el presupuesto europeo, que ya se detallaba en documentos de trabajo adelantado por EL PAÍS, dará a los Gobiernos nacionales más poder y ahondará su margen para decidir los proyectos. También, dejará las manos más libres a la Comisión Europea y a Von der Leyen.

A ese plan único por país se añadiría, dentro del marco financiero, un nuevo Fondo Europeo de Competitividad para alimentar proyectos importantes de interés común para la UE, otra de las respuestas a Draghi, que reclamó que se deberían dedicar 800.000 millones de euros al año en inversiones para recuperar el terreno perdido con Washington y Pekín. Sin embargo, Bruselas no detalla cuánto propone dedicar a esa partida, que es la gran clave de la legislatura, seguida de la seguridad y defensa e inmigración.

Aumento de las contribuciones

La opción que queda en caso de que no lleguen esos nuevos impuestos europeos de los que habla la comunicación es que los Estados aumenten sus contribuciones, como recuerda Von der Leyen cada vez que puede, dejando a un lado la emisión de deuda conjunta. Las contribuciones de los socios son ahora la primera fuente de ingresos del presupuesto comunitario. A ellas hay que sumar los recursos propios que ya existen: un porcentaje de lo que se recauda por IVA en la UE, los aranceles que pagan los productos que llegan a la Unión desde terceros países, las multas que impone Bruselas y los intereses de demora al pagarlas, lo que pagan terceros países en las colaboraciones con las agencias comunitarias y la contribución de 0,8 euros por kilo de plástico no reciclado que se consume en cada Estado miembro, el más reciente de todos, creado en 2021.

Aumentar estas fuentes de ingresos o crear nuevas será la otra gran batalla de los siguientes presupuestos. La comunicación del Ejecutivo comunitario recuerda a los Estados miembros que el 16 de diciembre de 2020 en un acuerdo interinstitucional, “el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión pactaron una hoja de ruta con la introducción de nuevos recursos propios”. El equipo que también en la legislatura pasada presidía Von der Leyen cumplió con su parte, enviando en 2021 una propuesta y una actualización en 2023. En ella estaban incluidos el cobro por los derechos de emisiones de dióxido de carbono y esa especie de arancel para que los productos fabricados fuera de la UE con menos estándares medioambientales pagaran para compensar esta ventaja competitiva (CBAM, por sus siglas en inglés). No obstante, por ahora, ninguno ha entrado en vigor, y eso se debe a la falta de interés que encuentran estas iniciativas en el Consejo de la UE, es decir, entre los Estados miembros.

El tercer “recurso propio” del que habla la Comisión es llamativo en el contexto geopolítico actual: es el basado en la propuesta que tiene que salir de la OCDE para gravar a las grandes tecnológicas en el país donde generan sus ingresos, y que así no eludan la tributación buscando jurisdicciones más favorables. Esa propuesta estaba lejos de pactarse entre Estados Unidos (origen de la mayoría de esos gigantes empresariales) y el resto de miembros que integran el club de países industrializados antes de que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses.

Ahora, con el republicano de vuelta en la Casa Blanca, ese impuesto parece difícil, por lo que para lograr una fuente de ingresos que llegue antes de 2028, es muy probable que haya que buscar alternativas. Sin embargo, su sola mención en el documento del Ejecutivo comunitario ya es una señal para los Estados miembros y también para Washington en plena incertidumbre por la posible guerra comercial que puede desatar los aranceles a los productos europeos decretada por Washington.