Un periodista cuestiona ante la Eurocámara que el Gobierno español ignorase los vuelos de la CIA

El redactor del 'Diario de Mallorca' Matías Vallés, uno de los investigadores de la presencia de aviones fletados por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en el aeropuerto de Palma, ha manifestado hoy ante la comisión del Parlamento Europeo que investiga estas actividades su incredulidad sobre el supuesto desconocimiento por parte del Gobierno español de las actividades secretas que llevaba a cabo la agencia americana.

Los eurodiputados también han escuchado las declaraciones del ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán, Craig Murray, quien ha denunciado que los Gobiernos de EEUU y Reino Unido emplean conscientemente información obtenida mediante tortura por las fuerzas de seguridad uzbekas.

Vallés expuso ante la comisión de la Eurocámara los datos ya publicados sobre vuelos sospechosos en el aeropuerto de Palma de Mallorca y otras instalaciones españolas, y expresó su estupefacción porque las autoridades españolas no estuviesen al tanto de los mismos.

Incredulidad frente al Gobierno

"El hecho de que estos aviones pasaran de incógnito por Palma sería como si en el parking de la redacción de mi periódico estuviese aparcado un Ferrari durante cinco días (...) y nadie preguntase de quién es. O como si Angelina Jolie y Brad Pitt se pasearan por este edificio y nadie reparara en ellos", dijo.

Vallés explicó a los eurodiputados que "cualquier funcionario de cuarto nivel de un aeropuerto europeo pulsa una tecla y sabe si cualquiera de estos aviones ha estado, cuántas veces, de dónde venía, cómo se registró y sus horarios". Por otro lado, reconoció que no hay pruebas sobre qué tipo de actividades realizaban los supuestos vuelos de la CIA a su paso por España.

"Pero, si no estaban haciendo extraordinary renditions (entregas extraordinarias de detenidos), ¿qué hacían?", se preguntó el periodista, quien recalcó que hasta ahora nadie ha ofrecido explicaciones alternativas a la publicada en los medios de comunicación.

La comisión temporal de la Eurocámara investiga las supuestas ilegalidades cometidas por la CIA en Europa en la lucha contra el terrorismo, así como la posible complicidad de los gobiernos europeos, para lo que está convocando a personalidades que puedan tener relación, o hayan investigado o denunciado tales actividades.

Denuncias contra EE UU y Reino Unido

A esta categoría también pertenece Craig Murray, embajador británico en Uzbekistán entre 2002 y 2004. Éste ha explicado ante la Eurocámara que fue suspendido de empleo y sueldo por el Gobierno británico en octubre de 2004, tras haber advertido a sus superiores de que la información que las fuerzas de seguridad uzbekas compartían con Washington y Londres se obtenía mediante torturas.

Murray señaló al ministro de Exteriores británico, Jack Straw como responsable de esta práctica, al relatar que en marzo de 2003 fue convocado a una reunión en el Foreign Office, donde "se me dijo que mis telegramas habían llegado hasta Jack Straw y que él decidió seguir utilizando esta información obtenida bajo tortura".

A su juicio, esta práctica se enmarca en "un acuerdo entre la CIA y el MI6 (el servicio de inteligencia británico), para compartir toda la información de que dispongan" relacionada con la lucha contra el terrorismo y se debe en último término a una "decisión política" tomada "al más alto nivel".

Alemania, sospechosa

Preguntado por los eurodiputados sobre si sabía de algún otro país que obtuviese información uzbeka, Murria declaró que Alemania mantiene "contactos estrechos" con los servicios secretos del país e incluso posee una base militar en Uzbekistán, pero admitió que no tiene pruebas de que Berlín se valga de datos obtenidos por torturas.

En la sesión de hoy también compareció el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, Gijs De Vries, quien señaló que la tortura está "absolutamente prohibida" en la legislación internacional, aunque recordó que no todos los estados miembros de la Unión han ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura.

La intervención de De Vries no fue bien acogida por los eurodiputados, que criticaron la falta de información facilitada por el coordinador y pusieron incluso en duda la utilidad de su cargo.