Un juez aplica la Ley de Amnistía para tres militares chilenos

El juez Víctor Montiglio aplicó ayer el decreto Ley de Amnistía de la dictadura a tres militares, absolvió de responsabilidad al general Sergio Arellano Stark y rechazó una demanda contra el fisco, en los casos de tres prisioneros políticos asesinados en la ciudad de Arica después del golpe militar de 1973. La sentencia provocó un fuerte rechazo de los querellantes e implica el desconocimiento de la legislación internacional para los casos de crímenes contra la humanidad.

Montiglio esperó la víspera de las vacaciones de Semana Santa para dar a conocer una polémica sentencia, que aplica la amnistía decretada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1978, cerrando la posibilidad de justicia.

Según el juez, en este caso no procede la aplicación del derecho internacional humanitario porque después del golpe militar no hubo un conflicto armado interno y los opositores no se organizaron como fuerzas armadas, ni iniciaron hostilidades abiertas, ni ocuparon una parte del territorio chileno.

También descartó aplicar la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, porque esta no ha sido ratificada por Chile. Junto con desechar la argumentación que otros jueces han ocupado para condenar a militares que violaron los derechos humanos, Montiglio aplicó la amnistía y prescripción a tres militares que estaban procesados como coautores de homicidio, entre ellos el general Odlanier Mena, que fue director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en la dictadura.

Respecto del general Arellano, el juez descartó que tuviera participación en los asesinatos en octubre de 1973 de Óscar Rípoli, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, todos socialistas, porque sólo llegó a la ciudad de Arica dos días después de sus muertes.

Arellano era el jefe de la llamada caravana de la muerte, una comitiva militar enviada por Pinochet a recorrer Chile después del golpe de Estado y que mató a 75 prisioneros políticos, cuyos cuerpos todavía no aparecen en muchos casos.

La sentencia será apelada por los familiares de las víctimas. El abogado querellante Hugo Gutiérrez calificó ayer la sentencia como "grave" y criticó al juez como un "ignorante del derecho internacional, que no le importa un bledo".