México, ante el dilema del 'caso Sheraton'

El Gobierno de México, que se ha comprometido a investigar y tomar las medidas adecuadas para sancionar a los responsables de la expulsión de una delegación comercial de Cuba de un hotel de la cadena estadounidense Sheraton, se enfrenta a un dilema. Porque el asunto plantea una situación compleja: las autoridades han tratado de minimizar el hecho y presentarlo como un asunto entre particulares, pero ya son muchos los expertos en política exterior que afirman que se trata de una cuestión de alta política.

En medio de la tormenta desatada el pasado viernes en la ciudad de México por la expulsión de los cubanos en virtud de una ley extraterritorial estadounidense, el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, dijo que, "en el caso de que se compruebe que se violaron las leyes mexicanas, las autoridades competentes aplicarán todo el rigor de la ley a los responsables de este incidente", es decir, a los directivos del hotel María Isabel Sheraton. Y ésta es la tesis que parece mantener el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez: se trata de un incidente entre particulares.

La especialista en asuntos de política exterior y catedrática del Instituto Autónomo de México Rossana Fuentes cree que lo ocurrido a la delegación cubana, que asistía a una reunión con empresarios de Estados Unidos, es "una aplicación extraterritorial de una ley estadounidense, no es un asunto entre particulares. El hotel, si bien pertenece a una cadena estadounidense, presta sus servicios en México, y el tema [de la expulsión] es de otra naturaleza".

Considera, además, que probablemente es discutible la forma en que se produjo la expulsión de los cubanos, hecho por el que el Gobierno de La Habana ha alzado la voz de protesta, pero advierte de que también puede "ser una provocación al Gobierno del Distrito Federal [ciudad de México], encabezado por el perredismo del Partido de la Revolución Democrática], para ver cómo reacciona a un asunto que es del mayor interés para Estados Unidos".

Al respecto, alude al hecho de que el incidente se dio en el contexto de la campaña por la presidencia de México y en un momento en que el perredista Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas de intención del voto. Fuentes asegura que "habrá que seguir cuál es la reacción del equipo" del candidato presidencial, que hasta ahora ha guardado silencio.

Rossana Fuentes llama la atención sobre el riesgo latente de que este tipo de acciones aumente, y explica: "Me parece que Estados Unidos puede y tiene derecho a aplicar la ley de su país en los espacios en los que las empresas mexicanas hagan negocio en Estados Unidos y decir que se reserva el derecho de otorgar o no visas a los empresarios que hacen negocios con Cuba. Pero no tiene, no debería tener, la capacidad de imponerlas en México".

Asimismo, opina que "el canciller [mexicano] se equivoca al minimizar el tema. El Gobierno federal y el presidente, como encargado de la política exterior del país, tienen que ser más vigorosos sobre el límite hasta el cual pueden las compañías llegar en territorio nacional, con los intereses de su país de por medio".

Rubén Aguilar sostuvo que el Gobierno mexicano "no va permitir que ninguna empresa viole la ley de protección al comercio y la inversión, y menos va a tolerar que en México se discrimine a ninguna persona que visite nuestro país"; por eso, "los responsables recibirán todo el peso y el rigor de la ley, de comprobarse alguna irregularidad".