Human Rights denuncia que las desmovilizaciones de 'paras' en Colombia legitiman su control político

Las desmovilizaciones masivas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), "está fortaleciendo el poder" de estos grupos "sin fomentar una paz verdadera". Así lo afirmó ayer Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación de un duro informe en el que se califica este proceso , desde sus orígenes, de "totalmente superficial".

Las desmovilizaciones masivas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), "está fortaleciendo el poder" de estos grupos "sin fomentar una paz verdadera". Así lo afirmó ayer Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación de un duro informe en el que se califica este proceso , desde sus orígenes, de "totalmente superficial". Más de 2.000 paras dejaron ayer las armas en Antioquia, a 200 kilómteros de Medellín. Para HRW, estos actos masivos de abandono de armas — más de 6.000 hombres y mujeres lo han hecho— están sirviendo a los paramilitares para "lavar sus fortunas ilegales y legitimar su control político". Las afirmaciones se sustentan en entrevistas con desmovilizados y con funcionarios del Gobierno involucrados en este proceso que se inició hace dos años. La presentación del documento titulado Las apariencias engañan coincide con la más grande desmovilización dentro del proceso de paz con estos grupos militares, que sembraron de terror el país en los últimos 15 años. Unos 2.036 combatientes del Bloque Héroes de Granada dejaron ayer sus armas, en una ceremonia realizada en un pequeño caserío, en las montañas de Antioquia, a unos 200 kilómetros de Medellín y muy cerca de una de las escuelas más sofisticadas de entrenamiento paramilitar.

La mayoría de los desmovilizados —muchos de ellos operaban en Medellín y estaban ligados a la delincuencia organizada controlada durante años por Don Berna, jefe paramilitar pedido en extradición e investigado por el asesinato de un político—, regresarán a sus casas y se vincularán a la vida civil. Los otros irán a Santa Fe de Ralito, donde se están concentrando aquellos a los que, tras cumplir un "circuito" que incluye entrevistas con funcionarios judiciales, se les confirman cuentas pendientes con la justicia.

Procedimiento incompleto

El informe de HRW critica duramente este procedimiento. Aseguran que los fiscales ante quienes los desmovilizados rinden declaración libre se limitan a formular seis preguntas sobre el dónde y bajo que mando operaban. No se les pide que revelen, su alias lo que hace imposible vincularlos a innumerables casos y "de manera deliberada" no se les hacen preguntas especificas sobre crímenes, bienes y simpatizantes de sus grupos, ni hay registro de qué arma fue entregada por cada desmovilizado.

El informe de HRW incluye denuncias que habían sido formuladas por gobernadores , alcaldes y medios de comunicación. Zonas dónde se han desmovilizado los paras, han sido copadas por otros bloques. El reclutamiento ha continuado y también "el creciente involucramiento" de los desmovilizados en la política local, basado muchas veces en la intimidación.

La misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) es duramente criticada: "Ha contribuido a dar al proceso una apariencia de legitimidad que no merece". Sergio Caramagna, jefe de esta misión, ha pedido, en repetidas ocasiones, apoyo internacional para fortalecer la labor de su oficina.

Las AUC fueron creadas hace dos décadas por terratenientes para combatir a las guerrillas que los extorsionaban, pero degeneraron en escuadrones de la muerte y sus miembros, calculados entre 17.000 y 19.000, están acusados de centenares de crímenes de lesa humanidad.