Violencia creciente en El Salvador

En El Salvador hay incertidumbre y estupor. La sociedad no encuentra muchas explicaciones al incremento de los homicidios al mismo tiempo que el Gobierno de Elías Antonio Saca ha puesto en marcha varios planes contra la delincuencia que se concentran en su programa insignia, Súper Mano Dura.

El promedio diario de homicidios durante el pasado junio se elevó a 11, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). Este organismo registró 330 asesinatos durante ese mes, mientras que en mayo del presente año se cometieron 284 homicidios, lo que supone una media diaria de 9,2. Es decir, entre ambos meses hubo un incremento de homicidios de un 16,4%. El total de homicidios acumulados entre enero y junio de este año es de 1.665; esto implica un alza del 32,6% en comparación al año pasado, cuando se registraron en ese mismo periodo 1.255 muertes violentas. En ambos años, el uso de armas de fuego en los delitos es la constante predominante. El promedio diario de muertes por homicidio en 2002 fue de 5,5; en 2003, de 6, y en 2004, de 7,6.

Las estadísticas policiales, las del Instituto de Medicina Legal y las de la fiscalía coinciden en señalar que la inmensa mayoría de los crímenes que se cometen en El Salvador son perpetrados con armas de fuego. "Y no sólo eso: algunos estudios dicen que, de todas las personas que han usado armas de fuego para defenderse de un ataque, el 75% es herido o asesinado en el acto", asevera José Simán, un empresario que participa como ciudadano en un proyecto denominado Sociedad sin Violencia, patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Simán coincide con la investigadora de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) María Santa Cruz, quien afirma que en los informes realizados por entidades locales e internacionales se destaca que el hecho de que civiles porten armas en espacios públicos es la causa del 70% o más de los homicidios. Ambos dicen que es urgente que el Gobierno adopte medidas estrictas de control de las armas de fuego, que, además, deberían prohibirse en espacios públicos.

Tras la pasada guerra civil (1980-1992) y pese a la desmovilización de la guerrilla y la reducción del Ejército, unas 450.000 armas de fuego —fusiles, escopetas, revólveres y pistolas— se encuentran en manos de civiles, en su mayoría ilegalmente.

Un hecho reciente muestra varios de los graves problemas de inseguridad que afectan a esta nación centroamericana, de 6,7 millones de habitantes. Tres jóvenes pandilleros, integrantes de las llamadas maras, entraron en un autobús público para robar a los pasajeros, pero un hombre armado con un pistola les hizo frente. El resultado fue adverso para los mareros: dos de ellos resultaron muertos y el otro, gravemente herido, así como una menor de edad que viajaba con su madre. El hombre armado dejó su pistola en el lugar de la tragedia. Se trataba de un arma ilegal. El héroe que repelió a los pandilleros no ha sido perseguido, ya que nadie quiere declarar como testigo ocular ni tampoco la policía cuenta con un banco de huellas para tratar de dar con su paradero.

"La criminalidad en El Salvador revela una grave crisis, una descomposición social a la que nos han llevado las Administraciones del actual partido de Gobierno, Alianza Republicana Nacionalista Arena], que lleva más de 15 años en el poder", afirma Francisco Jovel, líder del recién creado Frente Democrático Revolucionario (FDR). Por su parte, Sigfrido Reyes, alto dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque adversario de Jovel, coincide con él en que Arena ha fracasado rotundamente con sus planes de "manodurismo". "No se puede reducir el fenómeno de la violencia en El Salvador al tema de las maras, ni se puede reducir su solución a la represión", apunta Reyes, que hace un llamamiento a la sociedad para que tome cartas en el asunto y ponga freno a la violencia criminal.

El Gobierno, a través de su ministro de Gobernación, René Figueroa, señala que el aumento de la criminalidad se debe al "desencadenamiento de la lucha entre pandillas por el liderazgo y por el control del tráfico de drogas". Figueroa es el impulsor de planes como el de los registros domiciliarios sin permisos judiciales, así como el intento de acusar del delito de terrorismo a los miembros de las maras. Entretanto, el legislador de Arena Ernesto Angulo ha solicitado que se implante la pena de muerte, así como un mayor endurecimiento de los castigos impuestos a los homicidas.

"Pese a la urgencia de la situación, lo primero que debemos hacer es evitar las respuestas inmediatistas ni mucho menos acudir a la represión: la violencia genera más violencia. La apuesta debería ser por el control de las armas e impulsar planes de prevención y de rehabilitación", advierte Santa Cruz.