Una juez declara inconstitucionales los tribunales para enjuiciar a los presos de Guantánamo

Una juez estadounidense ha sentenciado hoy que los tribunales militares creados específicamente por el Gobierno norteamericano para enjuiciar a los sospechosos de terrorismo encerrados en la base de Guantánamo son inconstitucionales. En lo que supone un serio revés para la política antiterrorista de la Administración Bush, la magistrada Joyce Hens Green también ha declarado que los prisioneros de Guantánamo -la mayoría de ellos guerrilleros talibanes detenidos durante la ofensiva militar en Afganistán- tienen los mismos derechos que otorga la Constitución estadounidense para cualquier otra persona acusada de terrorismo, por lo que están protegidos por las leyes.

La juez Hens Green, que se ha encargado de estudiar las demandas presentadas por más de 50 detenidos, ha recordado que el Tribunal Supremo ya dejó claro el año pasado que los presos recluidos en Guantánamo tienen derechos constitucionales y que éstos deben ser protegidos por los distintos juzgados del país.

La guerra contra el terrorismo "no puede negar la existencia de los derechos básicos y fundamentales por los que la gente de este país ha luchado y muerto durante más de 200 años", asegura la sentencia. La decisión conocida hoy entra en clara oposición con otra emitida por el juez federal Richard Leon, quien consideró que el pronunciamiento del Supremo no englobaba a los encerrados en la base militar de Guantánamo. Cerca de 550 personas siguen bajo custodia del Ejército estadounidense en Guantánamo, bajo la difusa acusación de ser "combatientes enemigos" y sin que les sea aplicada la Convención de Ginebra.

El Pentágono creó estos tribunales especiales, denominados oficialmente Tribunal de Revisión del Estatus de los Combatientes, para cumplir con el dictamen del Tribunal Supremo que afirmó que los presos tienen derecho a una revisión de su caso. No obstante, para Hens Green este sistema es insuficiente. En el dictamen indica que "los procedimientos son inconstitucionales por no cumplir el debido proceso". Por ello, ha ordenado que Estados Unidos establezca los tribunales estipulados en la Convención de Ginebra para determinar caso por caso si los ex combatientes del régimen talibán deberían ser considerados como "prisionero de guerra" y ser protegidos por este tratado, como establece la propia Convención en su artículo 5.

Sin presunción de inocencia

A pesar de llevar el nombre de tribunal, las juntas creadas por el Pentágono son un procedimiento administrativo con reglas muy particulares. Durante el proceso, el reo no cuenta con la presunción de inocencia y es él quien tiene que probar que no es culpable de ser un enemigo de Estados Unidos. Los detenidos reciben la ayuda de un militar que actúa como su "representante personal" para prepararse para su audiencia, pero éste carece de experiencia legal.

La junta tiene acceso a "información sobre la captura del detenido, información sobre cualquier designación previa (del prisionero) y cualquier otra información pertinente relacionada con su designación como combatiente enemigo", según ha dicho el Pentágono. En cambio, para su defensa el detenido sólo tiene acceso a información no secreta sobre la razón de su encarcelamiento. Además, según sus normas, las juntas deben dar más crédito a las pruebas del Gobierno que a las que presente el detenido.