El escándalo de las torturas salpica también a las fuerzas de seguridad iraquíes

El escándalo de las torturas en Irak, en las que se implicó primero a las fuerzas estadounidenses y luego a las británicas, ha salpicado también a las fuerzas de seguridad iraquíes. Según un informe publicado por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) los abusos a prisioneros son sistemáticos entre la nueva policía, como demuestra el hecho de que 72 de 90 presos entrevistados denuncian haberlos sufrido.

HRW reconoce que las fuerzas de seguridad iraquíes han sido el objetivo prioritario de las acciones terroristas en el país pero afirma que eso no justifica los casos de tortura. Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de HRW ha afirmado, en declaraciones recogidas por la BBC, que "la gente esperaba algo mejor después de la caída de Sadam Husein". "El Gobierno iraquí no ha cumplido su promesa de respetar los derechos humanos", ha afirmado.

Descargas eléctricas

Los detenidos eran golpeados de forma habitual con cables y barras de metal durante los interrogatorios y eran sometidos a descargas eléctricas. Muchos pasaban días enteros con los ojos vendados y esposados. Otros eran aislados durante días sin comida ni agua en pequeñas celdas en las que apenas podían ponerse en pie. En algunos casos las torturas les incapacitaban para el resto de sus vidas.

El documento, ¿El Nuevo Irak? Tortura y tratamiento médico de los detenidos en Irak, demuestra que los abusos han sido corrientes contra supuestos terroristas y delincuentes comunes desde 2003. Además, el organismo ha detectado desde mediados de 2004 amenazas a políticos iraquíes por parte de miembros de los servicios de inteligencia del país. Entre julio y octubre de 2004, la investigación ha detectado arrestos arbitrarios, torturas a los detenidos, tratamiento inadecuado a niños prisioneros y denegación del habeas corpus.

"Las fuerzas de seguridad iraquíes han hecho frente a tremendos desafíos, incluidos los ataques de la insurgencia contra civiles", ha afirmado Whitson. "Condenamos inequívocamente la brutalidad de la insurgencia pero la ley internacional no es ambigua en este punto: ningún Gobierno puede justificar la tortura de los detenidos en nombre de la seguridad".