El juez chileno Juan Guzmán pide el levantamiento de la inmunidad de Pinochet

En un nuevo intento de llevar al dictador chileno Augusto Pinochet ante la Justicia, el juez Juan Guzmán Tapia ha pedido hoy a la Corte de Apelación de Santiago que levante la inmunidad de la que goza el ex mandatario. Esta vez, el juez se basa en la presunta participación de Pinochet en la llamada Operación Cóndor, una campaña para la eliminación de opositores políticos en varias dictaduras del Cono Sur.

El juez ha enviado su petición a la Corte de Apelación de Santiago tras recibir un recurso de los abogados Eduardo Contreras, Francisco Bravo y Sergio Concha, que solicitaban el levantamiento de la inmunidad de que disfruta el dictador en virtud de su condición de presidente de Chile entre 1973 y 1990. Pinochet disfrutaba, a su vez, de inmunidad como senador vitalicio, aunque la perdió cuando dimitió de ese cargo.

Sin embargo, tampoco este movimiento tiene demasiadas posibilidades de terminar con Pinochet en el banquillo de los acusados. No es probable que la Corte de Apelaciones acepte la petición del juez, dado que el Supremo chileno ya declaró que Pinochet no podía ser juzgado debido a su estado de salud. En el caso de que la Corte de Apelaciones admitiera la petición, el Supremo posiblemente la pararía y, en el caso de que no lo hiciera, los abogados del dictador volverían a solicitar exámenes médicos para certificar que su estado mental, que el Supremo calificó de "demencia ligera", no le permite asegurarse una defensa apropiada.

El juez Guzmán se hizo célebre hace tres años cuando, después de la llegada a Chile de Pinochet tras permanecer arrestado en Londres durante unos meses mientras el juez Baltasar Garzón intentaba su extradición España, le inculpó por su implicación en la muerte de cientos de opositores a su dictadura. Guzmán interrogó al ex dictador y le mantuvo en arresto domiciliario durante seis semanas entre febrero y marzo de 2001. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia chilena archivó el caso en julio de 2002 al estimar que el dictador, de 88 años, no estaba en condiciones de ser juzgado por padecer una demencia ligera que le impedía ejercer su propia defensa.