El Consejo iraquí exige que Sadam sea juzgado en su país
Organizaciones internacionales piden que se garantice un juicio justo
La captura de Sadam Husein ha abierto un interrogante sobre el lugar en que será juzgado. El Gobierno interino iraquí ha exigido hoy que Sadam responda a la justicia en su propio país, tal y como ha pedido el responsable de Exteriores del Consejo del Gobierno provisional, Hoyshar Zebari, quien ha asegurado que ese juicio contaría con la supervisión internacional "para garantizar un proceso "equitativo".
El Consejo iraquí, tutelado por Estados Unidos, aprobó hace cinco días la creación de un Tribunal Especial Iraquí encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra durante el régimen de Sadam. Con la diferencia de que ahora no será necesario juzgar al ex dictador en rebeldía.
Algunos expertos internacionales dudan de que el tribunal especial creado recientemente en Irak sea imparcial y cuente con capacidad de funcionar dado el clima de inseguridad que impera en el país árabe. Otros ponen en tela de juicio que Estados Unidos entregue a Sadam, actualmente en un "lugar secreto", según el Pentágono. Es decir, que por el momento aún es una incógnita cómo, dónde y cuándo será juzgado el ex dictador.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado que el tribunal creado por el Consejo de Gobierno iraquí podría tener competencia para juzgar a Sadam siempre y cuando sea "independiente e imparcial" y el proceso "reúna todas las normas internacionales reconocidas de respeto a los Derechos Humanos y a el Derecho Internacional humanitario". Asimismo, ha advertido de que hay "serios motivos para pensar que (Sadam Husein) ya está condenado de antemano".
Por su parte, la organización de Derechos Humanos Human Rights (HRW) considera que en el juicio que se celebre contra Sadam Husein deben participar juristas internacionales, para que "el proceso no sea percibido como justicia vengativa".
La postura de España y Reino Unido
Tanto Londres como Madrid son partidarios de que Sadam Husein sea juzgado en Irak aunque con un tribunal internacional que garantice un proceso independiente y justo.
El ministro británico de Exteriores, Jack Straw, ha adelantado que se están llevando a cabo conversaciones para establecer en Irak un "tribunal criminal internacional" y que los estatutos señalan que "los tribunales domésticos deben, en la mayor medida posible, juzgar a los criminales de guerra y, sólo si no es posible hacerlo, se debe hacer uso de las cortes internacionales", declaró. Por otra parte, el ministro ha insistido en que su país abolió la pena de muerte y lucha contra ella, pero ha señalado que hay que asumir que muchos países la contemplan. El primer ministro ha sido más claro y ha señalado que si el pueblo iraquí decide ejecutar al ex presidente, Londres debería aceptarlo.
La ministra de Exteriores española, Ana Palacio, se ha mostrado en contra de que el ex dictador sea juzgado en Estados Unios -posibilidad abierta ya que es considerado un prisionero de guerra- y se muestra a favor de que el juicio se celebre en Irak.
Dudas sobre la garantía procesal
El tribunal especial creado por el Consejo se compone únicamente por jueces iraquíes y se rige por el Código Penal vigente desde 1969, que incluye la pena de muerte.
Es aquí donde surge la controversia. Reino Unido, importante pieza en la coalición internacional en Irak, muestra sus reservas a que Sadam Husein sea condenado a muerte, pero apoya un juicio en Irak.
Según HRW, la ley que rige esta corte incluye disposiciones sobre los derechos de los acusados y las tipificaciones de delitos en las que se basará son "generalmente coherentes" con el Derecho Internacional. Sin embargo, HRW ha advertido de que "faltan disposiciones clave para asegurar juicios legítimos y creíbles".
Por ejemplo la ley no prevé que los jueces y fiscales encargados de los casos tengan experiencia en expedientes criminales complejos o en casos relacionados con crímenes graves de Derechos Humanos. La norma tampoco permite que se nombre a fiscales no iraquíes ni a jueces de instrucción con la especialización necesaria.
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