La justicia vincula a funcionarios del Gobierno y del Ejército con la ola de secuestros en Argentina

La ola de secuestros que afecta a la provincia de Buenos Aires ha provocado pavor cuando no auténtica paranoia entre los argentinos, especialmente entre los más pudientes. La fiscalía recibió 225 denuncias por este motivo en el primer semestre del año, el 95% localizadas en el llamado Gran Buenos Aires. Hace unos días, el presidente, Néstor Kirchner, afirmó que "la mayoría de los secuestros extorsivos hay involucrados agentes de la policía bonaerense". Pero por si la trama no fuera ya de por si bastante preocupante así, las últimas investigaciones de la fiscalía han relacionado los secuestros con el Gobierno.

La primera protesta con bocinas y cacerolas contra el Ejecutivo de Kirchner (esos cacerolazos que contribuyeron a la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001) tuvo lugar a primeros de mes en la capital y la provincia de Buenos Aires precisamente por este motivo. Los 207 secuestros de la primera mitad de año han puesto en pie de guerra a los argentinos; la respuesta del gobernador provincial, Felipe Solá, fue sumar 3.300 agentes a los 2.500 desplegados en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, las palabras de Kirchner ("la policía bonaerense debe tener una profunda depuración") no auguraban un futuro prometedor. Y las cosas han ido a peor.

El 90%, 'secuestro exprés'

El 90% de las veces se produce el secuestro-exprés, de pocas horas de duración y en el que los delincuentes no piden un rescate desorbitado. Muchos de estos casos no llegan a ser denunciados. El 10% restante, los secuestros extorsivos, son cometidos por bandas con recursos suficientes para ocultar a la víctima, que exigen cuantiosas sumas. Varias familias de famosos han sido objeto de estos secuestros, como el hermano del futbolista Juan Román Riquelme.

Esta semana, un informe confidencial elaborado para Kirchner y Solá por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo de la Cruz, ha conmocionado a los argentinos desde la portada de los principales periódicos. "Hemos detectado 4.000 llamadas entrantes y salientes entre teléfonos investigados en 200 causas penales y líneas registradas en la Casa de Gobierno (sede del Ejecutivo), y el ministerio de Defensa y del Ejército", ha señalado De la Cruz a La Nación. Las llamadas, que están siendo aún analizadas, datan desde 1997 hasta este mismo mes.

Información "inconsistente"

El Ministerio de Justicia ha restado importancia a la noticia, que ha calificado de "inconsistente", pero el diario argentino informa de que el Gobierno y el Ejército se lo han tomado muy en serio, aunque mantienen la máxima discreción al respecto.

Fuentes cercanas al Ejecutivo barajan la posibilidad de que se trate de una operación montada por la policía bonaerense par "diluir la responsabilidad", dado que las llamadas desde la Casa del Gobierno afectan a más de un centenar de líneas, demasiadas en su opinión puesto que, de confirmarse la información, haría falta una conjura a gran escala dentro del edificio para explicar ese dato.

Funcionarios que operan con la mafia

De la Cruz, sin embargo, no tiene duda: "La conexión existe, y tenemos elementos probatorios contundentes. Las líneas telefónicas no ingresan por casualidad en el sistema de análisis de las comunicaciones. Cuando se detecta un número telefónico usado por delincuentes en algún hecho, la Justicia ordena los correspondientes cruces telefónicos. Fue justamente al analizar estos cruces cuando se detectó el vínculo entre organizaciones delictivas y algunos elementos enquistados en la Casa Rosada, el Ministerio de Defensa y en el Ejército. Esta información consta en las causas judiciales".

En una entrevista concedida a Clarín, el procurador general ha instado a Kirchner a "tomar medidas internas y evaluar a la gente que trabaja allí. Hay personal estable, en las diferentes gestiones, que opera con mafias".