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La Comisión de la Verdad de Perú responsabiliza a terroristas, militares y políticos de 69.000 muertes

Los trabajos de investigación han durado más de dos años en los que han declarado 17.000 personas. Las conclusiones pasan ahora a manos de la Justicia peruana

Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad que investiga la muerte de 69.000 personas en Perú por el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000, ha entregado hoy al Gobierno de Alejandro Toledo su informe final. Conteniendo a duras penas las lágrimas, Lerner ha responsabilizado tanto al grupo terrorista Sendero Luminoso como a políticos y a las Fuerzas Armadas de "violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima, los miembros de esta comisión han entregado al mandatario los nueve tomos y seis anexos de los que consta este informe, elaborado tras 22 meses de investigación. En la ceremonia, Lerner ha asegurado que Perú confronta con este informe un "tiempo de vergüenza" pero también la hora de la justicia y la reconciliación.

Las dos décadas finales del siglo XX "son la marca del horror y la deshonra" para el Estado peruano, ha dicho Lerner en presencia de Toledo, de la primera ministra, Beatriz Merino, y de otros altos funcionarios. Lerner ha calificado de "abrumadora" la realidad constatada por la Comisión durante sus trabajos y ha asegurado que la cifra más probable de muertos y desaparecidos superó los 69.000, de los que tres cuartas partes eran campesinos quechua hablantes.

El presidente Toledo ha invitado a los peruanos a caminar hacia la reconciliación y a que la Justicia haga su trabajo, "sin presiones ni interferencias". Toledo ha afirmado que las reparaciones a los marginados "son un imperativo del Estado" y se ha comprometido a continuar la lucha frontal contra remanentes del terrorismo y a fortalecer los derechos humanos a través de instituciones públicas y privadas.

17.000 testimonios

Tras obtener los testimonios de más de 17.000 personas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que "los crímenes no fueron actos aislados atribuibles a individuos perversos sino a una perpetración masiva de crímenes, a veces por parte de instituciones" y de un "aniquilamiento sistemáticamente previsto", ha dicho Lerner, quien ha considerado que la clase política tiene graves responsabilidades y que éstas recaen sobre todos aquéllos que "por acción u omisión" no pudieron evitar la tragedia. El presidente de la comisión ha asegurado también que se debe aplicar la justicia para que actúe "sin espíritu de venganza pero con energía".

La Comisión de la Verdad, creada por decreto en junio de 2001 por el Gobierno de transición de Valentín Paniagua, remitirá a la Justicia los casos de violación de los derechos humanos para que sean investigados en los tribunales. La oficina del Defensor del Pueblo hará el seguimiento y coordinación de las investigaciones ya que la Comisión de la Verdad concluye su misión el próximo 31 de agosto, fecha en la que quedará disuelta. Los miembros de la comisión, se trasladarán mañana a la ciudad andina de Ayacucho, donde realizarán una ceremonia simbólica, por ser la región más afectada por la guerra interna.