Libia niega haber ofrecido una indemnización a los afectados en Lockerbie

Libia ha desmentido en un comunicado oficial haber ofrecido una indemnización a las familias de las víctimas del atentado de Lockerbie. Según había anunciado un alto responsable estadounidense, el Gobierno de Libia habría ofrecido 2.915 millones de euros a las familias de las 270 víctimas del atentado contra un Boeing 747 de la compañía PanAm, que explotó sobre la ciudad escocesa en 1988.

"Libia no tiene nada que ver con este pretendido acuerdo y no es parte en el mismo", apunta el texto. "Según nuestras informaciones, varios empresarios libios, así como varios abogados, han mantenido entrevistas con el abogado de las familias de las víctimas, pero no tenemos información oficial de los resultados", agrega el texto sin hacer más precisiones.

Según un alto responsable estadounidense, que no quiso dar su identidad, el Gobierno libio habría propuesto pagar 2.700 millones de dólares para indemnizar a las familias de las víctimas del atentado de 1988 contra un avión de la PanAm que estalló cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie.

"Es una oferta que Libia ha hecho a las familias mediante sus abogados y ahora corresponde a las familias decidir si lo aceptan o no", apuntó la fuente.

El atentado de Lockerbie provocó 270 muertos el 21 de diciembre de 1988 cuando una bomba explotó a bordo del aparato, que efectuaba una conexión Francfort-Nueva York, cuando sobrevolaba Escocia. Las familias de las víctimas (259 pasajeros y miembros de la tripulación y 11 personas que se encontraban en tierra) recibirían cada una diez millones de dólares, suma que sería entregada en varias etapas en un periodo gracias al levantamiento de ciertas sanciones impuestas a Libia.

Estas sanciones fueron suspendidas después de que Libia entregase a los dos sospechosos, que fueron juzgados por un tribunal escocés en Países Bajos. Uno de ellos, el libio Abdel Basset Ali al-Megrahi, fue considerado culpable en enero de 2001 y condenado a cadena perpetua.

Juicio

El proceso del atentado, durante el que comparecieron más de 1.600 testigos, sentó precedente al ser celebrado por el tribunal de un país en territorio de otra nación. Los jueces escoceses dirigieron el proceso en Camp Zeist, una base militar abandonada por Estados Unidos en Holanda.

Esta circunstancia fue fruto del acuerdo alcanzado en verano de 1998 por el Reino Unido, Estados Unidos y Libia, que entregó a los acusados en abril de 1999. Tras el proceso, Estados Unidos y el Reino Unido instaron al Gobierno de Muammar el Gaddafi a aceptar su responsabilidad en el atentado y a indemnizar a las víctimas.

Sin embargo, Gadafi repitió su negativa sobre la implicación del Estado libio o del condenado, al que británicos y estadounidenses acusaban de ser agente secreto, y descartó indemnizar a las familias de los 259 ocupantes del aparato y de los 11 ciudadanos de Lockerbie que fallecieron en el atentado.