Los empresarios venezolanos cifran en un 90% el seguimiento de la huelga general

Un 90% del tejido empresarial venezolano secunda la huelga general convocada desde las 6.00 de esta mañana (11.00 hora peninsular española), según Fedecámaras, la patronal convocante del primer paro en tres años de Gobierno de Hugo Chávez. El objetivo, hacer "rectificar al Gobierno, no "desestabilizar el país".

La protesta, que durará 12 horas, ha estado precedida por serias advertencias de Chávez, quien ha amenazado con emprender "medidas duras" para frenarla. Incluso amenazó con sacar el ejército a la calle y decretar el estado de excepción para acallar las manifestaciones de hoy.

La paralización fue convocada por la Federación de Cámaras del país (Fedecámaras), que ocupa a siete de los 10 millones de trabajadores del país y genera el 90% del PIB no petrolero, según sus datos, para protestar por un paquete de 49 leyes establecidas por decreto por Chávez. El paquete de medidas fue anunciado el pasado 13 de noviembre, cuando expiraba el plazo de un año de poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional.

Los 49 decretos leyes profundizan en el centralismo, franquean las expropiaciones masivas y arbitrarias y chocan con la propiedad privada y la libre empresa, según los empresarios. El Gobierno, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo no es sino regular las propiedades y hacer justicia.

Junto a los empresarios, que tachan al Gobierno autoritario y retrógrado, se han alineado, además de la oposición, la Confederación de Trabajadores, mayoritaria y enfrentada al sindicalismo oficial.

"La población coincide en que debe haber un cambio hacia una democracia más tolerante, de mayor apertura y de mayor disposición hacia el diálogo verdadero, porque el país nos pertenece a todos", ha declarado Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras.

El presidente de Fedecámaras, que agrupa a 256 asociaciones y cámaras empresariales, ha señalado que "tiene que haber una posibilidad de rectificación" por parte del Gobierno "chavista", y ha descartado la vía "violenta" para corregir el rumbo de la nación, ya que la "radicalización no tendría sentido".

En un primer balance sobre la situación, Fedecámaras Carmona ha detallado que los estados de Zulia (occidente), el más importante en producción petrolera, y el de Carabobo (centro), donde se asienta la mayoría de las fábricas del país, están paralizados en un 90%.

El seguimiento, según la patronal, se sitúa entre el 99% del estado de Yaracuy y el 70% del costero de Vargas, donde se encuentra el principal aeropuerto y el primer puerto del país.

Carmona no dio cifras sobre la capital, Caracas, de cinco millones de personas, aunque la ciudad se encontraba a primera horas de la mañana con un tráfico mínimo, apenas había transporte público de superficie, la mayoría de los comercios estaban cerrados y había muy poca concurrencia ciudadana en las calles.

Tras proclamar el "éxito" del paro, el líder empresarial ha señalado que "aspira" a que a partir de mañana, martes, se pueda establecer "el diálogo" con el Gobierno, porque el paro es "un medio para transmitir a nuestros gobernantes que esto no va a fracasar".

Apoyo campesino

Pero Chavez no se ha resignado a sufrir impávido la protesta empresarial, y ha convocado a sus seguidores, provenientes de las capas más pobres de la sociedad venezolana, para tratar de contrarrestar los efectos del paro. El Gobierno ha preparado un dispositivo para transportar a miles de campesinos a Caracas, y ha organizado mítines y clases en escuelas públicas para explicar sus medidas.

En una intervención en la base aérea de La Carlota, Chávez ha anunciado que no negociará con los empresarios. "Jamás voy a ir a una mesa de diálogo para traicionar a un pueblo mil veces traicionado" [por el sector adinerado de la sociedad]. Incluso ha amenazado con "llevar ante la ley" a los sectores opuestos a su Gobierno, a los que ha acusado de "irracionalidad".

El metro y el resto de transportes públicos permanecerán abiertos, al igual que la mayoría de las empresas extranjeras, que no pueden arriesgarse a perder sus sustanciosos contratos públicos.

Además, Chávez ha dejado bien claro que recurrirá a "medidas muy duras" si las "clases privilegiadas" de la sociedad venezolana tratan de "desestabilizar el proceso democrático".

La raíz de la protesta son los 49 decretos leyes aprobados el pasado 13 de noviembre por el Ejecutivo venezolano, que profundizan en el centralismo, franquean las expropiaciones masivas y arbitrarias y chocan con la propiedad privada y la libre empresa, según los empresarios. El Gobierno, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo no es sino regular las propiedades y hacer justicia.

"Amordazar" la libertad de prensa

Chávez ha anunciado también que prepara una ley de contenidos informativos para imponer la "ética" en los medios de comunicación y hacer frente a lo que considera "un atropello de la verdad" por parte de los medios periodísticos.

El Bloque de Prensa Venezolano, que incluye a la mayoría de periódicos impresos nacionales, se ha sumado al paro patronal de mañana y como mecanismo de protesta no sacarán a la calle la mayor parte de los diarios.

Los propietarios de medios consideran que Chávez busca desde hace tiempo una "ley mordaza" con su actitud beligerante con la prensa.

Editores y periodistas han denunciado al Gobierno ante organismos internacionales de derechos humanos de prensa por las limitaciones que existen a la libertad de expresión y el derecho a informar, cosa que el presidente niega y alega que hay más libertad que nunca.