Los abogados de McVeigh recurren la decisión del juez federal de no aplazar la ejecución

El recurso será estudiado por tres jueces que podrían tomar su decisión hoy mismo. Si mantienen la fecha de la ejecución para el lunes, McVeigh tiene aún la opción de apelar al Tribunal Supremo de EE UU, aunque sus abogados no han aclarado si agotarán esta posibilidad.

La falta de tiempo para revisar los más de 4.000 documentos referentes al caso retenidos por el FBI hasta hace unas semanas es la razón expuesta por la defensa para pedir el nuevo aplazamiento. Fue precisamente este hecho lo que provocó que el Gobierno aplazara anteriormente la ejecución.

Sin embargo, el juez de la Corte Federal de Distrito, Richard P. Matsch, ha rechazado esta mañana el aplazamiento asegurando que estos documentos no exculpan en ningún momento al acusado del crimen por el que ha sido juzgado, por lo que no hay lugar para un segundo aplazamiento.

La ejecución de McVeigh será retransmitida para los familiares de las víctimas y supervivientes del atentado a través de un circuito interno de televisión. Ocho días después, está prevista la muerte del mexicano Raúl Garza, un narcotraficante convicto del homicidio de un hombre y de ordenar el asesinato de dos fuentes federales. Sus abogados afirman que el veredicto del jurado hubiera sido diferente si Garza fuera blanco y no hubiese cometido los crímenes en Texas, un Estado que se caracteriza por su elevado número de ejecuciones desde que se restauró la pena de muerte en 1976.

Irregularidades en los juicios

Según las estadísiticas del Centro de información de la Pena de muerte, desde 1988 el Gobierno de EEUU ha pedido la pena capital para 211 personas, de las cuales un 75 por ciento eran minorías étnicas. En referencia a los delitos comunes que han conllevado una sentencia de muerte, la mayor parte de los ajusticiados desde 1976 han sido negros o hispanos.

Las irregularidades en el juicio de los condenados ha muerte como es el caso del español Joaquín José Martínez declarado inocente en un segundo juicio tras haber pasado en el corredor de la muerte tres años, ha acrecentado la polémica internacional sobre la “justa” aplicación de las condenas a muerte en Estados Unidos.

Con el objetivo de confirmar la culpabilidad de los acusados, el Congreso de los EEUU se encuentra, en la actualidad, estudiando un proyecto de ley, denominado ‘Innocence Protection Act’, por el que se podrán realizar pruebas para contrastar el ADN del condenado en el corredor de la muerte con el encontrado en la escena del crimen. De esta forma se pretende que no se vuelva a ejecutar inocentes, hecho ya ocurrido en varias ocasiones.

Uno de los casos más relevantes en el que se aprecian estas irregularidades, es el ocurrido en Alabama en 1989, cuando el abogado de Judy Haney fue declarado culpable de desacato y enviado a prisión por acudir al juicio borracho. Haney continúa actualmente en el corredor de la muerte de este Estado. Asimismo, el pasado año fueron ejecutados en Texas dos personas a pesar de las denuncias presentadas en las que se señalaba la ausencia de una representación legal experimentada hasta el punto de que, en uno de los casos, el abogado defensor se había quedado dormido durante el juicio.