Antes de que se acabe el tiempo: el añejo 0,7% del desarrollo
Trump ha incorporado al léxico económico el concepto de “tasas de revancha”


El tamaño de la deuda pública global equivaldrá a toda la actividad económica del planeta en apenas cinco años. Se debe todo lo que se produce. Impresionante. Lo dice el FMI. Este dato, junto con otros muchos y brutales (por ejemplo, la ayuda al desarrollo disminuirá entre un 9% y un 17% este año respecto al pasado, en una tendencia fuertemente regresiva; o apenas se cumplirán en 2030, la fecha tope, el 16% de las metas establecidas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible), han sido barajados en la cumbre de financiación del desarrollo de Sevilla, la pasada semana. Una reunión lamentablemente opacada por el contexto político. EE UU no estuvo presente, lo que finalmente se consideró un alivio porque fue mejor para las negociaciones. Se descontaron los nuevos vetos de Demolition Man.
Esos vetos se producían, mientras tanto, fuera, en la reunión del G7, cuando caía el pacto de orfebrería logrado hace cuatro años (con Biden) para que 130 países, en el seno de la OCDE, aprobasen aplicar un impuesto mínimo de sociedades de al menos el 15% a las multinacionales que facturasen más de 750 millones de dólares. Inmediatamente Trump amenazó con “tasas de revancha” (concepto a incorporar al léxico económico) si el resto de las economías (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Italia y Canadá) no se plegaban a sus deseos. Aquel acuerdo de 2021, que tanto apoyó el corazón de Europa, y que tenía el enemigo dentro en países como Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Malta, trataba de tapar los sumideros por los que se escapan muchas veces las obligaciones impositivas de las multinacionales.
Tras el chantaje de Trump, Canadá retiraba un impuesto que estaba previsto para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, ahora uno de los principales apoyos electorales del presidente republicano. Se trataba de gravar con un humilde 3% los beneficios obtenidos en Canadá por compañías como Google, Amazon o Apple.
Mientras eso ocurría, en Sevilla se denunciaba la situación de la ayuda al desarrollo y se proporcionaban medidas teóricas para aumentarla, en lo que fue definido por uno de los participantes como “una victoria de las palabras”. La realidad pasa más bien por la reducción de esa ayuda al desarrollo de los principales países donantes — EE UU, Alemania, Francia…—. Estados Unidos ha desmantelado la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID); según The New York Times, cuando Trump entró en la Casa Blanca estaban activos 6.256 programas por valor de más de 120.000 millones de dólares, mientras que en mayo pasado solo quedaban activos unos 900 programas, que gestionaban 69.000 millones.
Los países ricos llegaron a un amojamado acuerdo hace medio siglo para aportar un 0,7% de su PIB a la ayuda al desarrollo. Cinco décadas después solo lo cumplen algunos países pequeños: Noruega, Luxemburgo, Suecia (bajando) y Dinamarca. España está en un mínimo 0,24%, lo que la sitúa a la cola de Europa; Pedro Sánchez se ha comprometido, por enésima vez, a llegar al 0,7% en 2030, difícil de lograr si se recuerda que ni siquiera puede jugar con las partidas de unos presupuestos generales del Estado que le permitirían la maquinaria financiera para conseguirlo. En un informe titulado muy explícitamente Del beneficio privado al poder de lo público: financiar el desarrollo, no la oligarquía, la oenegé Oxfam Intermón describe los mecanismos por los que los países ricos están aplicando los mayores recortes de la historia a la ayuda al desarrollo, desde que existen registros en 1960.
Pero la principal discusión en Sevilla fue sobre el añejo 0,7% y los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la demonizada Agenda 2030. El principal problema no fue, por unos días, el 5% que la OTAN quiere imponer a sus miembros sino la donación del 0,7% de los países ricos a los pobres. Para obtener dinero público la España de Sánchez y el Brasil de Lula propusieron una tasa mundial a los ultrarricos de modo que no puedan mover de jurisdicción su ingente patrimonio, sin la carga correspondiente.
Tampoco le habrá gustado mucho a Trump.
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