Cualquier transformación profunda en la próxima legislatura pasa por una reforma fiscal

En las negociaciones de investidura, cada una de las fuerzas políticas ha de exhibir con mucha claridad las ideas fuerza de su proyecto. Lo exige la democracia. No vaya a ser que, como está ocurriendo hasta ahora, por la boca muera el pez. El panorama de cualquier escenario de Gobierno —­quién administrará el Estado y por cuánto tiempo— pasa por nuevas reglas del juego. España pertenece al club de Bruselas y éste ya ha advertido que a partir del próximo 1 de enero entrarán en funcionamiento otras normas distintas de las que se han estado aplicando en Europa desde el año 2020, primero con la pandemia de la covid y luego con la guerra de Ucrania.

Lo que exige la Unión Europea es un pacto de estabilidad adaptado a las condiciones de hoy y sin el empacho de ideología del anterior, que condujo a una recesión sobre la recesión e incluso a poner en peligro el futuro del euro. Pendiente de detalles, ese pacto consiste en recuperar la senda de unos máximos del 3% de déficit y del 60% de deuda pública sobre el producto interior bruto, aunque cada país a un ritmo distinto que será determinado por su situación de partida. Ello significa imponer otro corsé a los países, aunque no sea tan rígido como el anterior. Habrá que transformar los Presupuestos Generales, lo que será especialmente difícil en nuestro caso pues es muy improbable que, por la limitación política, se aprueben unos nuevos, habiéndose de prorrogar los que están en vigor.

Es lamentable que apenas se hable de ello cuando los partidos se ­reúnen para ver quién mandará en el futuro inmediato. Los maestros de esgrima apenas concretan para qué quieren gobernar, más allá de asuntos plenos de vaguedades. Para llegar a esa senda (3%, 60%) solo hay dos direcciones (o una combinación de ambas): reducir el gasto o aumentar los ingresos. Cuando se pretende limitar el gasto público, generalmente se es poco transparente (más allá de lo de “quitar los chiringuitos” y otras obviedades). Aunque sea doloroso es más directo hablar de los impuestos. El sistema tributario español se ha quedado anticuado, es incompleto, sus efectos redistributivos son muy limitados y prima, como se ha visto en los últimos tiempos, la competencia fiscal entre comunidades, primando la demagogia de algunas. Según la mayor parte de los estudios el nivel de recaudación impositiva en España está entre cuatro y siete puntos menos que el promedio europeo, existe una brecha por la cual le faltan estructuralmente entre 40.000 y 60.000 millones de euros anuales, se erosionan continuamente las bases impositivas a través de los beneficios fiscales y la movilidad internacional de esas bases, y se genera una sobrecarga tributaria en las rentas medias del trabajo.

Una reforma fiscal adaptada a las nuevas circunstancias, en medio de las transiciones ecológica, digital y social, también es exigida por Bruselas de modo normativo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que proporciona a nuestro país hasta 140.000 millones de euros entre créditos y transferencias. En algún cajón del Ministerio de Hacienda se halla el último libro blanco sobre la reforma fiscal del que las casi 120 recomendaciones tienen carácter técnico y que, actualizadas, podrían ser aprovechadas como hilo conductor por cualquier Gobierno sin necesidad de empezar, una vez más, de cero.

Conviene recordar también las leyes decaídas al haberse producido el adelanto electoral. Cuando haya nuevas cámaras se habrán de iniciar de nuevo su recorrido, pero éste sería más fácil si contasen con una correlación de fuerzas muy mayoritaria. Y facilitarían la vida de los ciudadanos. Entre ellas estas dos: la autoridad de defensa del cliente financiero, impulsada por la campaña Soy mayor pero no idiota y que protege a los mayores más vulnerables; y el derecho al olvido oncológico, que declaraba nulas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyen o discriminan a la hora de contratar productos y servicios a las personas que hayan padecido cáncer, como la firma de las hipotecas.

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