El ruido del tiempo

El muro del olvido es más eficaz que el muro de Berlín, ha dicho el profesor Emilio Lledó. Se trata de evitar “la ideología de la desmemoria”. El 24 de junio de 1972, hace ya más de medio siglo, la policía irrumpió en el convento de los Oblatos, en la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón, y apresó a toda la dirección reunida de las clandestinas Comisiones Obreras (CC OO). El informe de la Brigada Político Social, la Gestapo del franquismo, define a los Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Juanín Muñoz, etcétera, como “sujetos de pésima conducta social”. En poco más de año y medio tuvo lugar la detención, el juicio y la condena (en el caso más alto, de 20 años) de los llamados “diez de Carabanchel”. Fue el Proceso 1001.

En el ambiente de esos acontecimientos se crio y creció Yolanda Díaz, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno. Nueve de los detenidos ingresaron en la prisión de Carabanchel, que convirtieron en universidad. Uno de ellos, el cura Paco (García Salve) fue enviado a Zamora, en su condición de clérigo. Una exposición, en la Biblioteca Nacional, comisariada por Carmen Molinero, recuerda ahora el cincuentenario de aquellos acontecimientos, que son uno de los jalones más importantes del despertar del movimiento obrero bajo la dictadura. El juicio fue una farsa puesto que carecía de las garantías procesales mínimas, ya que el poder judicial era un brazo más del franquismo. Los detenidos no salieron de la cárcel hasta después de la muerte de Franco, mediante un indulto.

Entre los elementos a destacar hay dos muy significativos. Siendo los “diez de Carabanchel” todos hombres, el papel protagonista de mujeres, hermanas y abogadas se activó en el amplísimo movimiento de solidaridad nacional e internacional que se logró en contra de las exorbitantes penas. Igualmente, el rol de un colectivo como el de los abogados laboralistas que alrededor de un lustro después se cobró los primeros mártires con el asesinato de los abogados de Atocha a manos de los pistoleros de la extrema derecha. Hay un nombre destacable en ambos, el de un abogado fallecido apenas hace pocas semanas: Jaime Sartorius. En un reciente artículo, Enrique Lillo, colega del anterior, resalta los vínculos de Jaime Sartorius con la lucha clandestina del Partido Comunista y de CC OO, y su papel trascendental en las gestiones políticas y administrativas para la legalización de tal partido y sindicato en abril de 1977. También en el Proceso 1001 tuvo un papel central en la coordinación de los abogados de todas las tendencias de la oposición democrática (excepto del PSOE, que no participó en esa ocasión) y fue el coordinador jurídico de los letrados que ejercieron la labor penal contra los autores de los asesinatos de Atocha.

Los procesados del 1001, entre otros, se constituyeron en dirección del movimiento huelguístico sin precedentes de enero de 1976, y que ha permitido afirmar con rigor que el dictador murió en la cama pero no así la dictadura. Desde ese mes los conflictos laborales (que se iniciaban como reivindicaciones economicistas tales como la subida de los salarios o la duración de la jornada) devenían rápidamente en demandas políticas (amnistía y libertad). Arrancaron de Madrid y se extendieron a toda España. Madrid se quedó sin taxis, sin metro, sin correspondencia (obvio es, no existía internet). Decenas de miles de trabajadores se reunían a diario en asambleas permanentes en las que discutían el curso de su acción. Centenares de conflictos estallaban y se apagaban sin que la huelga dejase de crecer. El sindicato oficial se veía desbordado con convocatorias lanzadas desde sus propios órganos comarcales y provinciales. El mayor objeto de las iras era un ministro de Asuntos Económicos llamado Juan Miguel Villar Mir, que luego reaparecería como empresario de éxito al frente del grupo OHL.

El Proceso 1001 no pertenece solo a la historia de las comisiones obreras. Entonces no se había escuchado aún hablar de Transición. Muchos ciudadanos no lo conocen. Esta exposición les da la ocasión de hacerlo

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