Marina Gonçalves, la joven ministra que ha revolucionado la política de vivienda en Portugal

Todo en la vida de Marina Sola Gonçalves va deprisa. A los 34 años, la edad media a la que los jóvenes portugueses acostumbran a irse de casa de sus padres porque su precariedad les impide emanciparse, ella se ha convertido en ministra de la Vivienda, el miembro más joven del Gobierno luso. Nacida en una aldea de Caminha, en la región del Minho, y licenciada en Derecho por la Universidad de Oporto, ha tenido una meteórica carrera que la ha llevado de asesora política a la cúpula de un ministerio en siete años. La juventud se ha usado a menudo en su contra, incluso entre los suyos. Días después de nombrarla, el primer ministro, António Costa, le dio en público un ultimátum que sonaba a riña paternalista: le concedía tres meses para resolver una crisis que se arrastra desde hace años. Para la diputada socialista Maria Begonha, que compartió bancada parlamentaria con Gonçalves en el pasado, hay algo contradictorio en las críticas a su juventud: “No nos cansamos de decir que esta es la generación más cualificada y preparada de la historia de Portugal. También lo es para servir al país. Ella es una mujer resuelta, preparada y trabajadora que ha destacado siempre en sus funciones”.

Lo cierto es que antes de cumplirse los tres meses, la ministra compareció en Lisboa junto al propio Costa y el ministro de Finanzas, Fernando Medina, para anunciar un paquete de medidas que pretende resolver uno de los mayores quebraderos de los portugueses: acceder a una casa digna a un precio asumible. Entre 2010 y 2022 el precio de la vivienda ha crecido un 77% en Portugal, mientras que los salarios solo subieron un 30%. En el plan había medidas decididas por el primer ministro (la supresión de los visados dorados de residencia a cambio de comprar casas) y por el titular de Finanzas (exenciones fiscales para propietarios que alquilen), pero la que ha removido el avispero es una defendida por la ministra: el arrendamiento obligatorio de casas devolutas (vacías durante más de un año y sin señal de consumo de luz o agua) al Estado para que las subarriende a cambio de garantizar las rentas y asumir las reparaciones.

La medida ha sido tildada de “comunista”, “bolivariana” y creadora “de una nueva generación de okupas”. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha mostrado dudas sobre su constitucionalidad. La ministra ha repetido en un sinfín de entrevistas que “el Estado no ataca el derecho de la propiedad ni va a entrar en las casas”. Su defensa de la intervención pública en el mercado de alquiler se sustenta en un dato (hay 723.000 casas devolutas) y una convicción: “El deber de poner el patrimonio al servicio del uso para el que fue creado es transversal a todos, también al Estado”.

En septiembre de 2022, cuando era solo la secretaria de Estado de la Vivienda, avanzó en la Asamblea de la República una idea que la sitúa políticamente: “Todo el mundo tiene derecho a vivir en las zonas más caras de Lisboa y del país”. La frase fue aprovechada por Iniciativa Liberal, una fuerza emergente en el Parlamento, en una campaña irónica que la presentaba como agente de la supuesta inmobiliaria “ReMarx”. Más allá de la mofa, la frase es una declaración política de intenciones. “Ella ve la vivienda como una causa social”, dice Maria Begonha.

En el juego de corrientes del socialismo luso, a Marina Gonçalves la colocan en el ala de su antiguo jefe. “En la socialdemocracia”, puntualiza Frederico Francisco, actual secretario de Estado de Infraestructuras, que coincidió con ella en el equipo del exministro de Infraestructuras y Vivienda Pedro Nuno Santos, que aspira a liderar el partido cuando se retire Costa. Fue Nuno Santos quien la captó para la gestión política, aunque Gonçalves, que procede de una familia socialista, se había vinculado al partido por su cuenta a través de las Juventudes Socialistas. Paradójicamente, la salida de Nuno Santos propició la carambola para convertirla en ministra. También la determinación del primer ministro de realzar una cartera que tape el gran agujero por el que se está perdiendo la clase media.

Tras licenciarse en 2010, ejerció dos años como pasante en una firma y trabajó como asesora jurídica del grupo parlamentario socialista entre 2011 y 2015. Ese año una alianza de la izquierda convirtió a António Costa en primer ministro tras una moción de censura. Pedro Nuno Santos, secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios, eligió a Gonçalves como adjunta. Cuando ascendió a ministro en 2019, la nombró jefa de gabinete, un cargo que abandonó al obtener un escaño en la Asamblea de la República, donde acabaría siendo vicepresidenta del grupo parlamentario. En septiembre de 2020 regresó al equipo de Pedro Nuno Santos como secretaria de Estado de Vivienda. Sus críticos aluden a estos dos años como la prueba de su fracaso para resolver la crisis a la vista del escaso impacto que han tenido las iniciativas para incentivar el alquiler. Ella siempre responde que requieren tiempo.

Ahora dispondrá de recursos extraordinarios (2.733 millones de euros de los fondos Next Generation van para ayudas para alquilar y construir nueva vivienda pública), pero no de mucho tiempo para cumplir una promesa de António Costa para celebrar en 2024 los 50 años de la Revolución de los Claveles: garantizar una vivienda digna a todos los portugueses. Aunque es un derecho consagrado en la Constitución, hoy parece una utopía.

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