El “compromiso histórico español”

El pleno del Congreso de los Diputados del miércoles se desarrolló con la misma polarización de siempre, como si no hubieran entrado en la vida cotidiana elementos tan explosivos como un rapidísimo crecimiento exponencial de los precios y las primeras consecuencias de la invasión de Ucrania, con expectativas de desabastecimiento de bienes y servicios y más inflación. Debate crispado, partidos desunidos, situación excepcional.

El pacto de rentas que intentaba el Gobierno con los agentes económicos y sociales se ha quedado corto. Se vuelve a entrar en el bucle de los Pactos de la Moncloa que, como se banaliza con demasiada frecuencia, no fueron tan solo un plan de estabilización, sino que a las medidas de saneamiento se unieron algunas de las reformas capitales que necesitaba el país para pasar de una economía franquista a una economía social de mercado. Sacrificios salariales a cambio de pago de impuestos.

Los dos principios clave que comprendieron aquellos pactos siguen vigentes en esta coyuntura: exigir de cada grupo social la asunción de sus responsabilidades frente a la crisis, y que ninguna ideología o partido político cuenta con respuestas y fuerzas suficientes para imponerse al resto de la sociedad y superar las dificultades.

Las últimas generaciones, a diferencia de las de sus padres y abuelos, no han tenido que preocuparse hasta ahora de los aumentos fuertes de precios, aquellos que agostan el poder adquisitivo de los salarios de los que tienen empleo, y reducen la capacidad de resistencia de los desempleados (seguro de paro) y de los más vulnerables (ingreso mínimo vital).

Durante los meses centrales del año 1977, al principio de la Transición —y sin haberse firmado aún la Constitución—, la inflación superaba en España el inconcebible porcentaje del 47%, propio de algunos países latinoamericanos que no habían sobrevivido a golpes de Estado militares. En octubre de ese año todos los partidos políticos parlamentarios (desde los posfranquistas hasta los comunistas) firmaron los Pactos de la Moncloa. Las medidas de saneamiento fueron, fundamentalmente, las siguientes: una política de rentas basada en el principio de que el crecimiento de los salarios se pactaría en función de la inflación prevista y no de la inflación pasada (la célebre “desindiciación”); una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero en circulación; una política presupuestaria que redujese el crecimiento de los gastos públicos y orientara los gastos de inversión hacia una reducción del déficit; la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta, etcétera.

Las reformas comprometidas fueron muy significativas: en primer lugar, la reforma fiscal y de la administración tributaria para que todos los ciudadanos pagasen impuestos; la de los Presupuestos Generales del Estado y el gasto público, para lograr la universalización de los primeros y el control del segundo; la del sistema financiero a través de la competencia, supervisando la solvencia y la liquidez de los bancos y las cajas de ahorro; el marco de relaciones laborales con un Estatuto de los Trabajadores, etcétera.

Los Pactos de la Moncloa fueron calificados como el “compromiso histórico español”, en analogía al propugnado en Italia por Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista: una política de alianzas con las demás fuerzas políticas (socialistas y democristianos, sobre todo) para superar la crisis política y económica y profundizar en la democracia.

En el mes de marzo de este año la inflación se ha disparado casi al 10% y todavía no están recogidos todos los efectos del aumento desaforado de los precios energéticos ni de los cuellos de botella surgidos en las cadenas de distribución y en algunas fábricas de producción. El mainstream de los economistas que trabajan en los gobiernos, bancos centrales, organismos multilaterales, servicios de estudio, empresas privadas, universidades… consensuó que la inflación era un problema acotado en el tiempo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue de los primeros en reconocer que estaban equivocados, y que había que retirar del lenguaje corriente el concepto de “inflación transitoria”.

Lo que no dijo es que la inflación mata gobiernos. Lo avala la historia.

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