Sobre paraísos y termitas fiscales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el laboratorio de ideas de los países más ricos del mundo, no ha descrito directamente a la Comunidad de Madrid como un paraíso fiscal. Seguramente no lo ha hecho por motivos diplomáticos, pero en varias ocasiones ha rozado el larguero de esta definición. Por ejemplo, cuando su todavía mandamás, el mexicano Ángel Gurría, respondía a una pregunta sobre el asunto: si tienes varias regiones y autonomías y cada una está compitiendo sobre cuál es la que atrae el mayor número de clientela, entonces lo que va a pasar es que va a haber una carrera impositiva hacia abajo, hacia el cero, y eso hay que evitarlo a toda costa.

Poco antes, dentro de un informe de la OCDE se incluía un estudio de varios economistas en el que sí se calificaba a Madrid de “paraíso fiscal”. La respuesta, desabrida, llegó del consejero de Hacienda de Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, que siguiendo el tono habitual de su jefa habló de “los burócratas de la ­OCDE” que, sospechosos de desviación ideológica, se apoyaban en las tesis de Thomas Piketty, “el economista preferido por la extrema izquierda” (sic). Curiosa manipulación del nombre de Piketty y curiosa la personalidad de Lasquetty, un ultraliberal que apenas sabe lo que es trabajar en el sector privado (sino con Aznar en la FAES y con Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y en el Senado), y que ha descollado por sus esfuerzos privatizadores de la sanidad pública. O más exactamente sí hubo una ocasión en la que se incrustó en el sector privado: como vicerrector de la universidad guatemalteca privada Francisco Marroquín, una especie de secta del ultraliberalismo más extremo en América Latina (que hizo honoris causa a Aznar), sin que tuviese en su currículum un solo renglón académico que justificase ese puesto.

La OCDE tiene hoy una importancia extrema en el diseño fiscal, pues ha sido encargada de dirigir las negociaciones para modificar el marco impositivo internacional y asegurar que se paguen los gravámenes que a cada uno le corresponden. El organismo trabaja en dos pilares: establecer un tipo mínimo en el impuesto a los beneficios de las empresas (que puede ser del 15%, después de varias negociaciones a la baja) y que las multinacionales tributen allí donde hacen el negocio y no en el lugar de su sede social. También estudia la elusión fiscal, el caso de las llamadas “termitas fiscales” (concepto del economista del FMI Vito Tanzi), que, apoyándose en complicados, oscuros y múltiples intersticios fiscales, y acompañadas de ejércitos de abogados, no pagan legalmente lo que les correspondería y corroen los cimientos del sistema tributario. A pesar de ello, estas “termitas fiscales” utilizan el gasto público: por ejemplo, para vacunarse del coronavirus en el sistema público de salud.

Esta tendencia a modernizar el sistema fiscal internacional (en muchos casos, en sentido contrario a lo que hasta ahora se consideraba “moderno”) tiene mucho que ver con la presencia de Biden en la Casa Blanca. El presidente ha puesto en circulación tres planes para cambiar la faz de su país (estímulo, infraestructuras y mejora del Estado de bienestar), que tendrá que financiar una parte a través de la deuda pública y otra a través de impuestos a las clases más favorecidas (aquellos que ganan más de 400.000 dólares al año) y a las empresas que evaden o eluden impuestos a través de los paraísos fiscales. En su reciente comparecencia ante el Congreso, Biden puso el ejemplo de 55 de las mayores corporaciones del país que no pagaron impuestos federales el año pasado a pesar de haber obtenido 40.000 millones de dólares de beneficios.

Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, terminaba su intervención citada: “Todas las regiones de un país y todos los países de una unidad económica, como es el caso de Europa, no es que deban tener impuestos nominales idénticos, ni mucho menos. Pero lo que es muy importante es que no tengan dentro de un mismo país competencia a la baja”.

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