Confrontaciones en el Gobierno

No parece inverosímil que la marcha voluntaria de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno tenga que ver, en alguna parte, con la dificultad de resolver dos problemas (o tres, si se incluye el de las pensiones) que dividen a las dos familias ideológicas que conforman el Ejecutivo, y que a partir de ahora va a tener que lidiar su sustituta, la ministra de Trabajo y próxima vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: el precio de los alquileres y la supervivencia de la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Como se ha hecho hasta ahora con Iglesias, también habrá que investigar la personalidad de Díaz para tratar de discernir qué va a ocurrir con esos dos asuntos. De carácter negociador, según todos sus interlocutores, Díaz representa en el Gobierno —por primera vez desde el comienzo de la Transición— la sensibilidad del Partido Comunista, al que pertenece, y, por ende, la cercanía y simpatía al sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, que en sus orígenes fue la correa de transmisión del primero. En el pasado, con los Gobiernos socialistas de Felipe González y Zapatero, fue la cultura de la Unión General de Trabajadores, el “sindicato hermano” del PSOE, la que ocupaba el Ministerio de Trabajo (Joaquín Almunia, Manuel Chaves…) e incluso el de Interior (José Luis Corcuera).

El desarrollo del precio de los alquileres y el futuro de la reforma laboral están embridados por el Acuerdo de coalición progresista PSOE-UP, firmado con toda solemnidad, a finales del año 2019, por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y en este sentido se pueden considerar “promesas fuertes” del Gobierno a sus electores. En lo que se refiere a las viviendas, se dice textualmente que “frenaremos las subidas abusivas de alquileres. Para ello, se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas en determinadas zonas de mercado tensionado”. El ministro del ramo, el socialista José Luis Ábalos, ha dicho que el Gobierno no pondrá límites al precio del alquiler, sino que establecerá beneficios fiscales a los propietarios de pisos que los alquilen por debajo del precio de mercado, mientras que Pablo Iglesias ha respondido que por sus muertos, y que no hay nada que negociar otra vez porque está firmado el acuerdo de Gobierno, por cuatro años.

En cuanto a la reforma laboral, éste es aún más explícito: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Consciente de la previsible confrontación, Yolanda Díaz ha retrasado cuanto ha podido la negociación, pero la mesa entre los agentes sociales y el Gobierno se acaba de constituir. Se han formado inmediatamente dos bandos: el primero lo forman las centrales sindicales y la parte del Gobierno correspondiente a Unidas Podemos; en el segundo, la patronal, la sensibilidad socialista del Ejecutivo comandada por Nadia Calviño y Bruselas, que no quiere oír hablar de más cambios que los que reduzcan la temporalidad de los contratos.

En 1990 tuvo lugar la primera guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait. Los aliados llamaron a aquel conflicto la “Tormenta del Desierto”, mientras que Sadam Hussein habló de “la madre de todas las batallas” y la perdió. Yolanda Díaz se va a encontrar ahora con la madre de todas las confrontaciones, con poco espacio para la negociación. Los sindicatos, a los que está tan unida, pretenden negociar en dos fases: la primera, muy rápida, derogando sus aspectos más lesivos con bastante rapidez para reequilibrar el poder de cada parte en el seno de la empresa (prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, la vigencia de un convenio mientras no se firme el siguiente, limitación de las subcontrataciones, etcétera); la segunda, abordar por fin lo que mil veces se ha denominado el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

¿Aceptará Bruselas estos cambios y este ritmo?, ¿lo harán las patronales y Nadia Calviño, encargada de llevarlos a Europa? Y, sobre todo, ¿cuál será la posición final de Yolanda Díaz? Ello trascenderá el asunto concreto y tendrá consecuencias en el devenir del propio Gobierno de coalición.