No es un juego

La función institucional del Parlamento en relación con la justicia es defender su independencia y dotarla de los medios (presupuesto) necesarios para su ejercicio. Es decir, garantizar su libertad, su autonomía y su buen funcionamiento. Nada más. La razón institucional obliga a que cuando existen indicios de delito, el interlocutor del procesado sea un juez, en ningún caso, de ninguna manera, el Parlamento.

Sin embargo, es lamentablemente posible que, dentro de la pérdida de calidad del funcionamiento del Congreso de los Diputados, se produzca en los próximos días un hecho insólito: que el mismo Congreso que no es capaz de garantizar el funcionamiento correcto del órgano de gobierno de los jueces —los miembros del Consejo General del Poder Judicial agotaron su mandato hace más de dos años, sin que el PP permita elegir a sus sucesores— esté, sin embargo, dispuesto a facilitar a un chantajista procesado nada menos que una tribuna parlamentaria desde la que defenderse y esparcir toda la mugre e inmundicia acumulada durante años por su repugnante red de espionaje.

Eso es lo que sucederá si la llamada comisión Kitchen, que investiga la utilización ilegal de recursos del Ministerio de Interior para favorecer intereses políticos del PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, exige la comparecencia del comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo. De momento, la solicitud ha sido firmada por todos los partidos, incluido, en el último momento, el PSOE. ¿Con qué objeto? Nada de lo pueda aportar el corrupto comisario puede tener credibilidad ni ayudar a establecer responsabilidades. Su comparecencia solo puede ayudar a desprestigiar al Parlamento y a las demás instituciones del Estado, un objetivo quizás comprensible (que no justificado) para los grupos independentistas, pero ininteligible en los demás, incluido el PSOE y el Partido Popular. Por muy inquieto que esté Pablo Casado con el desarrollo de esa investigación, el lodo que dejará la comparecencia del policía corrupto no servirá para embarrar todo el escenario, pero le dejará tocado a él mismo. Igual que perjudicará al grupo socialista, incapaz, una vez más, de soportar conjuntamente la presión de Podemos y del marketing político.

Durante años ha existido en España una red ilegal de vigilancia a empresarios, políticos, periodistas y altos funcionarios dirigida por un relevante comisario. Su objetivo era el chantaje, facilitar el abuso de información privilegiada, la revelación de secretos y la falsedad en documentos, delitos que pueden acarrear a Villarejo más de 50 años de condena. Se comprende que el Parlamento quiera investigar qué responsabilidad existió en los Gobiernos bajo los que funcionó esa auténtica mafia policial. El control parlamentario exige determinar qué mecanismos y autoridades permitieron o encargaron la elaboración de dosieres políticos y qué engranajes llevaron a la corrupción de un número elevado de funcionarios públicos, que trabajaron durante años en beneficio de unos pocos y realizaron pinchazos telefónicos, seguimientos y vigilancia totalmente ilegales. El Parlamento debe exigir cuentas a los ministros del Interior y altos cargos de la policía bajo los que esos hechos ocurrieron, para determinar en qué casos los procesados burlaron su control y en cuáles recibieron, por el contrario, su protección y complicidad. Es decir, el Parlamento debe exigir responsabilidades políticas por la existencia de esa red ilegal dentro del aparato del Estado.

Pero el chantaje es un crimen que precisa para tener éxito la amenaza de un altavoz a través del que difundir la información comprometida. Es cierto que ese asqueroso papel lo desempeñan a menudo medios de comunicación que entran en ese sucio campo reproduciendo las acusaciones y amenazas del chantajista, sin tener ni tan siquiera certeza de que la fiscalía aprecie en esos hechos indicios de delito. Las maniobras de Villarejo han encontrado lamentablemente frecuente acogida en algunos de esos medios, pero el colmo sería que el Congreso de los Diputados desempeñara el mismo papel. Así no se hará avanzar ni un milímetro la lucha contra la corrupción. Es en los tribunales donde debe hablar un personaje sobre el que existen sobrados indicios de haber cometido graves delitos. Se supone que los diputados, y los dirigentes de los grupos parlamentarios, tienen otro cometido. Esto no es un juego.