18 de mayo de 1978

El derecho a esta vida. Pueden creerme si les digo que nuestros diputados tienen unos sentimientos de la mejor calidad. Todos odian la injusticia, todos aborrecen la sangre, todos sabrían rizar el meñique civilizadamente, como hacen con sus argumentos al elevar la taza de té a los labios. Incluso a Manuel Fraga, que se empeña en realizar un papel duro en esta película, se le notan ciertas palpitaciones de ternura en el ventrículo cuando dispara con la dialéctica baja contra los moralistas de la izquierda. En la comisión constitucional se trataba ayer del derecho de asilo para los extranjeros y del derecho de los españoles a la vida, a la integridad física, con la condena de la tortura y de los tratos inhumanos. Nadie que sepa pelar una naranja con cuchillo y tenedor sería capaz de oponerse directamente a estos principios. Pero los grupos de izquierda de la comisión, junto con la minoría catalana, han pretendido añadir la abolición expresa y constitucional de la pena de muerte. Nadie que sepa manejar un cubierto de pescado seria capaz de declararse en público como no abolicionista. Fraga lo ha hecho. Según dijo el prócer, la pena de muerte, una vez al año no hace daño, si con ella se evita una masacre. Dura lex, sed lex, ha exclamado el gran vaquero a la sombra del árbol del ahorcado, que era cuatrero y terrorista. La UCD ha matizado, como siempre.Precisamente, el debate sobre la pena de muerte se ha establecido en una cuestión de matiz, que es la sangre del procedimiento de UCD. Peces-Barba ha esgrimido todas las razones morales, históricas, científicas y sociológicas con citas y ejemplos ilustres que constituyen ya una literatura clásica contra la muerte impuesta desde la racionalidad del Estado. Lo mismo Solé Barberá, Martín Toval, Solé Tura y Gastón Sariz. Después Roca Junyent, que tiene el corazón a la izquierda, la cartera a la derecha y, en medio, una inteligencia muy fina, ha analizado el argumento político en favor de la abolición enviando sutiles tarascadas contra Alianza Popular que han alcanzado, también, a Pío XII. Felipe González ha reducido el problema a una cuestión moral, a un pleito en el interior de la conciencia de cada diputado. Este es un reto histórico. Aquí no hay matices legales, coyunturas políticas, ni posturas relativas. Se quiere la pena de muerte o no se quiere. Y, en este caso, hay que dejarlo escrito en la Constitución. Lo contrario es una falacia.