Las casas de vacaciones, un quebradero de cabeza para las familias reales europeas

En España es costumbre que la familia real pase sus vacaciones en Marivent, un palacete situado en la isla de Mallorca. Al menos durante unos días al año, el Rey, su esposa y sus hijas (y normalmente también su madre, la reina Sofía) pasan unos días en Baleares, descansando y también con algunos actos en una agenda que no es oficial pero sí se ha ido llenando durante los últimos años de muchos actos informales seguidos de cerca por la prensa. Después, suelen pasar unos días en un destino desconocido de forma privada.

Esa no suele ser la forma de actuar del resto de familias reales europeas. Aunque realicen algún posado veraniego, los miembros más sénior de la realeza suelen desplazarse a residencias privadas y fuera de sus países de origen donde buscan intimidad, tranquilidad y poder recibir con seguridad y calma a amigos y familiares. Sin embargo, esas casas suelen dar problemas: por los países en los que están ubicadas, por su construcción, o simplemente por la época elegida por los monarcas para viajar.

Los últimos en enfrentarse a una polémica por este asunto han sido los reyes de los belgas, Felipe y Matilde. Hace años que el matrimonio y sus cuatro hijos pasan sus vacaciones en la isla de Yeu, un pequeño territorio en el océano Atlántico situado en las costas entre Nantes y La Rochelle. Sin embargo, hasta hace pocos días no se sabía que también poseían una propiedad en la misma, algo que se ha descubierto por algo tan nimio como 10 metros cuadrados.

Porque 10 metros de más era lo que pedían los reyes poder ampliar su casa, como ha desvelado el medio France-Ouest. La casa de Yeu no es un palacete de grandes proporciones, sino una casa campestre en un estado bastante ruinoso. Las leyes de la isla permiten que todos sus propietarios amplíen sus propiedades hasta en 30 metros, tomando algo del terreno boscoso que las rodea, pero el rey quería 40 metros para poder construir un anexo para sus guardaespaldas. En realidad, el permiso no lo ha pedido oficialmente Felipe de Bélgica, sino que lo ha hecho bajo el pseudónimo de Philippe Legrande (literalmente “Felipe el Grande”), y ha argumentado la excepcionalidad de esos 10 metros extra como “por el interés general”: en este caso se busca garantizar su seguridad.

Esta pequeña pelea ha subido de nivel y ya no lo lleva el Ayuntamiento, sino la prefectura, como explica el medio belga SoirMag. Al llevarlo ante el consejo municipal, varios vecinos y cargos políticos han visto que esa petición son un privilegio para el rey por ser quien es. Y por ello se ha sabido también que la familia real tenía una casa en el lugar desde 2019. Fue en agosto de 2020 cuando solicitaron el permiso de ampliación.

Algo similar les ocurrió en el año 2012 a los entonces flamantes reyes de los Países Bajos. Máxima y Guillermo se habían hecho en abril de 2011 con una villa de lujo de 4.000 metros cuadrados en Kranidi, en pleno Peloponeso, una operación de 4,5 millones de euros que no gustó demasiado al pueblo holandés. Pero las complicaciones llegaron un año después de la compra, cuando quisieron ampliarla con un embarcadero, un pequeño puerto privado que requería vallados y la construcción de un edificio para los guardias de seguridad. Los permisos son especialmente difíciles de conseguir al tratarse de un terreno protegido, algo que irritó especialmente a la población de la zona. El argumento para esa ampliación era la seguridad, y hasta el primer ministro tuvo que dar explicaciones por ello. En 2014 la casa griega volvió a estar en la palestra por la compra de un terreno colindante tasado en 35.000 euros por 460.000 y que fue el ministerio holandés de Justicia quien gestionó la operación.

Guillermo y Máxima eran reincidentes, aunque el episodio griego no fue tan complicado como el de la casa que se estaban construyendo en Mozambique en 2009. Entonces pagaron parte de esa mansión en Machangulo, al sur del país, a un agente inmobiliario que tenía una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Ellos cumplieron con todos los impuestos, pero el enorme derroche en plena crisis económica, los gastos de seguridad que implicaba los viajes a África desde Europa y la complicada inversión acabó desmoralizando a los entonces príncipes, que finalmente decidieron venderla por un precio simbólico.

Hace menos tiempo han estado en el punto de mira los príncipes herederos de Dinamarca, Federico y Mary. Hace ahora un año, en enero de 2020, ambos explicaron que sus cuatro hijos, los príncipes Christian, Isabella, Vincent y Josephine, iban a pasar doce semanas en el internado suizo Lemania-Verbier International School y que su madre estaría cerca de ellos. Su lugar de residencia: una casa que habían comprado una década atrás y de la que no habían informado. La casa real lo consideró un “asunto privado”, pero la izquierda danesa sacó los colores a la institución por no haber dado cuenta de la operación, pero también por alquiler la casa cuando ellos no estaban en ella y embolsarse la cantidad que sacaban.

Al parecer, y según el diario danés Ekstra Bladet, los herederos pedían una renta de “entre 4.000 y 11.600 de euros [al cambio de las coronas danesas], que se embolsaban libres de impuestos, cuando reciben, además, casi tres millones de euros del erario público”. Finalmente la casa real decidió que la pareja dejaría de cobrar el alquiler de la finca.

Una jugada similar a la que hicieron Haakon y Mette Marit de Noruega, que hace también un año anunciaron que ponían en alquiler una de sus casas, solo que en este caso era un apartamento colindante con el suyo propio de Asker, en Skaugum, a 20 kilómetros de Oslo, y sito en el mismo edificio, por lo que los arrendatarios gozarían de protección 24 horas. La finca donde estaba la vivienda había sido un regalo de los reyes Harald y Sonia y por la vivienda en alquiler, de 287 metros cuadrados, pedían 2.700 euros mensuales. Al ser una propiedad privada, la polémica se esfumó rápidamente. El problema había llegado cuatro años antes, en 2016, cuando Haakon tuvo que pedir perdón por alquilar cinco de las viviendas de ese complejo ilegalmente, sin los permisos municipales, y embolsarse 155.000 euros.

Más recientemente también han tenido problemas con el cambio de su lugar de residencia los grandes duques de Luxemburgo, en el punto de mira desde hace un año tras la publicación del informe Waringo que ponía en entredicho las malas prácticas de la pareja (sobre todo de la gran duquesa, María Teresa) con sus empleados. Por si no había sido bastante con ese disgusto, hace unas semanas fueron criticados por haber pasado las vacaciones de Navidad en Biarritz, algo que en plena pandemia se consideró poco ejemplar.