Cartera de desafíos

La construcción es uno de los multiplicadores del crecimiento económico, pero las dificultades del sector para afrontar el relevo generacional de las plantillas, la falta de inversión pública y la rigidez de los contratos públicos le impiden renovar una infraestructura envejecida que no satisface a dos tercios de la población.

Por cada millón de euros invertido en obra civil en España se generan 780.571 euros en el producto interior bruto (PIB) de forma directa, indirecta e inducida, casi 12 empleos a tiempo completo (ETC) y 263.366 euros de retorno fiscal, según un informe elaborado por PwC a petición de Seopan, asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras.

Debido al efecto multiplicador que tiene invertir en obra civil, por cada euro de PIB directo vinculado a la obra civil se generan tres euros en el conjunto de la economía española; por cada empleo ETC vinculado a la obra civil se crean casi tres empleos ETC, y por cada euro recaudado directamente por la obra civil se generan 2,3 euros de recaudación fiscal total.

El estudio pone de manifiesto, además, que, en términos de producción anual, la construcción es el tercer motor económico de nuestro país, contribuyendo con 180.179 millones de euros, es decir, el 6,9% de la producción total nacional. El sector está formado por 422.000 empresas.

Falta personal

Toda infraestructura, ya sea civil o pública, municipal o un plan trasnacional requiere personal que la ejecute. El sector de la construcción se enfrenta actualmente a un grave problema de falta de mano de obra, de profesionales cualificados y necesita afrontar con urgencia el relevo generacional.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, la población joven solo representa el 9% de ocupados, mientras que los mayores de 60 alcanzan un 7,2%. Entre 2007 a 2022, el sector ha sufrido un envejecimiento de su fuerza laboral de ocho años hasta alcanzar la media de los 45 años de edad, mientras que en el resto de la economía se ha producido un envejecimiento de solo cuatro, desvela el último informe de BBVA Reseach.

“La incorporación efectiva de trabajadores al mercado laboral requiere de un decidido impulso de la Administración mediante políticas de formación y laborales realistas y adaptadas a las necesidades del mercado”, recalca Concha Santos, la presidenta de la patronal de las constructoras no cotizadas, ANCI.

“Para las empresas de construcción cada vez resulta más complicado cubrir las vacantes laborales. Nuestro país ha sufrido una disminución en las inscripciones en formación técnica para este tipo de oficios, lo que unido al envejecimiento de la fuerza laboral y la falta de atractivo del sector para los jóvenes está provocando una situación que, si no se combate a tiempo, resultará crítica en el futuro”, comenta Sílvia Balcells, directora general en España de la compañía de recursos humanos Synergie.

En cuanto a los puestos de trabajo que más contratan las compañías, Synergie destaca que los albañiles, peones de construcción de edificios y obras públicas, electricistas de construcción, pintores o encofradores son los más solicitados en nuestro país.

El talento se va fuera

Además, las grandes constructoras españolas buscan talento en España para sus grandes proyectos internacionales y les ofrecen mejores salarios. Estados Unidos y Canadá concentran actualmente las principales actuaciones. Como ilustración, ACS, que tiene una fuerte presencia en Toronto o en Estados Unidos, donde realiza megaproyectos como el de 2.839 millones dólares en la Bahía de Hawái. O Acciona, con importantes obras en hospitales y autopistas. Son referentes, al igual que Sacyr, Ferrovial, OHL o FCC.

Para poder ejecutarlos, las compañías buscan fundamentalmente perfiles técnicos: ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros civiles, topógrafos, así como roles mixtos, técnicos y financieros, dada la relevancia creciente que tiene el modelo concesional para las empresas y la Administración, donde el conocimiento de la parte financiera permite analizar modelos de financiación público-privada. Para adaptarse, ya hay universidades que ofrecen dobles grados de Ingeniería de Caminos y Administración y Dirección de Empresas.

“En Estados Unidos los profesionales locales tienen mucha movilidad y cambian fácilmente de trabajo cuando se les hace una oferta económica. Los españoles normalmente quieren hacer una carrera en la compañía que ejecuta una gran obra de infraestructuras, avanzar en su progresión profesional en otros proyectos en diferentes países, o bien, asegurar su retorno a España”, señala Carmen Caro, directora de la división de Infraestructuras de Catenon, compañía especializada en la búsqueda de personal.

La opinión de los usuarios

Solo un tercio de la población española se muestra satisfecha con las infraestructuras, según el estudio Global Infraestructure Index 2024 realizado por Ipsos, empresa de investigación de mercados. Este informe analiza el nivel de satisfacción de la ciudadanía con las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos o con las redes de energía y agua, así como también con la banda ancha y otras de comunicaciones.

Este estudio, que lleva recogiendo datos desde 2016, indica que el 33% de la población española se muestra satisfecha con las infraestructuras del país, una cifra sin cambios respecto a 2023 (32%) y en línea con la media europea (35%). Aunque el nivel de satisfacción puede parecer bajo, representa la cifra más alta de la serie histórica para el caso de España, aumentando ocho puntos en los últimos ocho años.

Los aeropuertos, autopistas y carreteras principales son consideradas las infraestructuras de mayor calidad en España. Por su parte, la nueva vivienda, la red de recarga de vehículos eléctricos y la defensa contra las inundaciones son las infraestructuras peor valoradas, desvela el sondeo de Ipsos. Y la energía solar, la red ferroviaria y el abastecimiento de agua y alcantarillado son consideradas por los ciudadanos como las áreas prioritarias a la hora de destinar fondos.

“La segunda ola de liberalización del transporte ferroviario será compleja ya que hay infraestructuras pendientes de construir, hay falta de material rodante y en las nuevas líneas de alta velocidad que se pondrán en marcha hay falta de hábito de uso del tren para desplazarse”, avanza Fernando Vizoso, socio de Infraestructuras y Transporte de KPMG en España.

Se demandan vías rápidas, pero cuesta pagar por su uso. Así, el 61% de los españoles estaría dispuesto a cambiar su ruta a una carretera secundaria para evitar tener que abonar los peajes, recoge un estudio de Alphabet, compañía de movilidad del grupo BMW.

Redes viejas

Como consecuencia de la crisis financiera que sufrió España en 2008, el presupuesto público destinado a obra civil se ha reducido de forma drástica, y pese a la llegada de los fondos europeos no se han recuperado aún las cifras previas a la crisis, puntualiza el informe de Seopan.

Esta disminución de la inversión pública —11.863 millones de euros en 2022 frente a 33.680 millones en 2009— está provocando el envejecimiento de las infraestructuras y un retroceso del capital público. Si el actual ritmo inversor persiste, en 2030 casi la mitad de las infraestructuras públicas en España superará los 20 años de antigüedad. Este déficit de inversión afecta especialmente a las infraestructuras hidráulicas, portuarias y viarias, que son las más envejecidas.

Faltan 241.000 millones de euros en infraestructuras planificadas relacionadas con el ciclo integral del agua, transportes, energía y equipamiento público. Estas inversiones generarían 188.063 millones de euros en PIB, 2,79 millones de nuevos empleos a tiempo completo y 62.688 millones de euros de recaudación fiscal.

Reformar la contratación pública

Sobre las infraestructuras planificadas. Las patronales de las constructoras, Seopan, Anci y CNC llevan años reclamando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cambios en la fórmula de contratación pública. Piden figuras como el anticipo financiero o concursos con presupuestos actualizados. También advierten que los contratos no absorben nuevos costes ambientales, tecnológicos y de seguridad.

El pilar básico entre las demandas es la recuperación de la revisión automática de precios de la cesta de materiales básicos de obra, y la entrada en ella del coste energético y laboral. Esta garantía fue incorporada a la contratación pública en 1965 para paliar la volatilidad de las materias primas durante la ejecución de una obra, y se retiró con la aprobación de la Ley de Desindexación de 2015 (desarrollada en 2017). La pandemia y un IPC disparado por la invasión rusa de Ucrania hicieron que las Administraciones las recuperaran de forma excepcional, temporal y acotada en cuanto a los contratos, las cuantías revisables y los materiales contemplados.

Otra reclamación a las Administraciones es la de la urgente actualización de los proyectos en cartera. “Se exponen a licitaciones desiertas por incluir precios de los años en que fueron diseñados y no los actuales de mercado”, comentan en el sector.

La oportunidad logística

La logística supone casi un 7% del PIB español. Esto coloca a nuestro país en el quinto lugar de los países europeos y solo por detrás de Bélgica, Países Bajos, Polonia y Alemania, según el informe Competitividad logística de España y sus comunidades autónomas, elaborado por la patronal del sector UNO con el patrocinio de Goodman.

España también destaca por la disponibilidad y el precio del suelo potencialmente destinado a instalaciones logísticas, como resultado de la escasez de oferta en las zonas más cotizadas de los principales países europeos y su consecuente aumento de precio. Este aspecto es clave, pues una escasez de suelo limita la capacidad de crecimiento de un país, debido a que este sector es intensivo en metros cuadrados. Concretamente, España se sitúa como el tercer país con mayor disponibilidad de suelo en zona prime, solo por detrás de Francia y Alemania, con 1,54 millones de metros cuadrados disponibles.

Viviendas nuevas y ‘smart cities’

Uno de los principales problemas en las grandes urbes es el valor de la vivienda. España ha pasado de construir 600.000 a 90.000 viviendas anuales, cifra que no cubre la creación de nuevos hogares. El servicio de estudios de BBVA estima que hasta 2030 se necesitarán entre 1,4 y 2,1 millones de casas en venta y alquiler, sobre todo a precio asequible.

La conectividad en muchas ciudades inteligentes es insuficiente hoy para abarcar la ingente cantidad de datos que se generan. La población española de las ciudades se duplicará en 2050. Los datos generados por los sensores superarán los 73 zettabytes (ZB) y su gestión supondrá un enorme desafío, prevé un estudio de OBS Business School.

“Es necesario generar confianza en la ciudadanía a través de regulaciones claras y rigurosas, planes de contingencia ante posibles ciberataques que colapsarían servicios esenciales, evitar la deshumanización de los servicios y determinar qué enseñar a la inteligencia artificial para que sea capaz de tomar decisiones justas e igualitarias”, concluye Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de la citada escuela de negocios.