El goloso negocio de las electrolineras

Tiene el sector energético un nuevo competidor en la carrera por la electrificación. Las empresas de infraestructuras presentaron en verano pasado al Gobierno, a través de la patronal Seopan, una propuesta para instalar 598 electrolineras con 5.272 puntos de recarga públicos de 1.845 megavatios en la Red de Carreteras del Estado, con una inversión prevista de 1.643 millones de euros.

Un goloso pastel si se tiene en cuenta que en España hay apenas 17.000 puntos (8 de cada 10 de carga lenta; solo el 5% ultrarrápida), cuando la meta es llegar a 340.000 en 2030, para un parque de turismos 100% eléctricos —previsto— de cinco millones de unidades. Y, sobre todo, porque el entierro de los coches de combustión tiene fecha: el Ejecutivo prohibirá en 12 años su venta.

“El ecosistema industrial, tecnológico y de servicios de la movilidad rodada está enfocado hacia el vehículo eléctrico. Todos los modelos de negocios deberán estar enfocados a esas cinco áreas para ser competitivos”, expone Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Por eso, las infraestructuras de recarga atraen a nuevos y viejos actores. “Se presentan como un modelo de alto valor añadido, atractivo no solo para las empresas eléctricas, que hasta ahora no tenían relación con el sector de automoción y con ello abren nuevas oportunidades, sino también para las energéticas, que se centraban en los combustibles fósiles y que son conscientes de que para seguir manteniendo su presencia y participación en la movilidad rodada deben ofrecer soluciones de repostaje y recarga para cualquier sistema de propulsión, con independencia de la tecnología del vehículo”, añade.

Julián Núñez, presidente de Seopan, arguye que el objetivo de su propuesta es “dar respuesta a una importante cuestión estratégica (…): anticipar y facilitar la implantación del vehículo eléctrico en España”. Y así paliar un déficit que padece España, tanto nacional como frente a sus socios europeos: “La infraestructura actual y, muy particularmente, la dotación de puntos públicos en el ámbito de vías interurbanas son del todo insuficientes, de las más bajas de Europa, con una densidad de puntos en el ámbito rural 85 veces inferior al urbano, y con el agravante de tener la tercera red viaria de gran capacidad más extensa del mundo”, detalla Núñez.

De hecho, en 2022 se incumplió la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establecía alcanzar los 45.000 puntos de recarga y solo ascendió a 17.000. También la de alcanzar los 120.000 turismos eléctricos vendidos (incluidos puros e híbridos enchufables), tras llegar apenas a 78.300, según la patronal de fabricantes de coches Anfac.

Detalles del plan

Seopan, que agrupa a grandes como ACS, Ferrovial, Sacyr o Acciona, plantea la creación de un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) específico para este fin, adicional al PERTE del motor. Y la financiación sería público-privada (60%-40%). La patronal no ha recibido aún respuesta del Gobierno.

“Se trata de una actuación de construcción de ámbito industrial de titularidad pública, si bien a escala nacional, y que requiere una importante capacidad técnica y financiera del sector privado. Huelga decir que las compañías tienen una amplia experiencia, dentro y fuera de nuestro país, en todo tipo de infraestructuras, incluidas las de energías renovables”, explica Núñez.

Es el caso de Acciona Energía y su alianza en 2022 con la alemana Qwello para el despliegue de puntos de recarga públicos y la posterior compra de Cargacoches para impulsar su propia red. De Abertis, que eligió también el año pasado a Repsol, Cepsa, BP e Ionity para instalar 76 puntos —­el 95% ultrarrápidos— en sus 29 áreas de servicio. De Ferrovial, que adquirió en 2021 el 10% de la start-up Inspiration Mobility, que ayuda a las corporaciones a la conversión de sus flotas al eléctrico mediante infraestructuras de recarga o financiación de vehículos. O la alianza de FCC y Siemens con el mismo fin.

“Creemos que toda competencia es positiva, ya que contribuye a mejorar la relación coste-eficiencia de la transición energética. Nuestras compañías lideran el despliegue de puntos de recarga a través de nuestra extensa red de 6.150 estaciones de servicio y en otros puntos de acceso públicos, y facilitan la integración no solo de nuevas energías, sino de otras empresas, con la potencial firma de acuerdos para el suministro eléctrico de vehículos”, opinan desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a grandes como Repsol, Cepsa, BP y Galp. Desde este año, las gasolineras con ventas superiores a los 10 millones de litros en 2019 (unas 200) han de contar con al menos un punto de recarga igual o superior a 150 kilovatios (kW), y las que registran ventas por encima y por debajo de los cinco millones de litros (más de 800), uno de 50 kW o más, según dicta la Ley de Cambio Climático.

Desde Anfac consideran también que cuanto más, mejor. “El sector de la automoción es cada vez más transversal. Va a haber alianzas y cada vez irán a más. Hay negocio en la recarga de coches eléctricos”, subrayan, y ponen como ejemplo la red de supercargadores de Tesla, con más de 3.900 en el mundo y con una previsión de llegar a 90.000 el próximo año.