Los economistas reclaman un pacto de Estado para la ley del suelo ante la crisis de la vivienda

Resolver la falta de acceso a la vivienda pasa necesariamente por incrementar cuanto antes el volumen de terreno edificable, y para ello, hay que aprobar la Ley de Suelo que el Gobierno decidió retirar in extremis el 23 de mayo ante la falta de apoyos parlamentarios. Ese es el mensaje que han enviado este lunes, en una jornada organizada por Funcas, distintos economistas del Banco de España y de la Fundación de las Cajas de Ahorros, así como representantes de la banca y del sector promotor y cementero, que han reclamado un pacto de Estado que agilice la puesta en marcha de esta normativa así como la modificación de la Ley de Vivienda a fin de que haya más garantías jurídicas.

Ángel Gavilán, director general de economía y estadística del Banco de España, ha recordado que entre 2022 y 2025 la economía española registrará un déficit de unas 600.000 viviendas. Este desfase, que se concentra en las grandes urbes económicas y turísticas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, no tiene una solución en el corto plazo porque se necesita aumentar el parque inmobiliario y eso lleva años. Por ejemplo, para converger a los niveles europeos de pisos públicos de alquiler sería necesario incorporar 1,5 millones de nuevas viviendas al alquiler social en España. Para llegar a dicho objetivo en 10 años, a través de vivienda nueva, sería necesario incrementar en más de un 150% la producción anual media de inmuebles en España de los últimos años. El déficit de oferta tampoco se resuelve con la regulación de la vivienda vacía, pues aunque hay casi cuatro millones de casas en el país que están desocupadas, buena parte de ellas se concentran en las zonas con un menor dinamismo demográfico —en las ciudades con más de 250.000 habitantes, las viviendas vacías supondrían unas 400.000 unidades—, y se encuentran en mal estado, por lo que es necesaria su rehabilitación.

A pesar de esta limitación temporal y presupuestaria, los analistas consideran que el tensionamiento que sufre el mercado de la vivienda puede atenuarse en el corto y medio plazo mediante la aprobación de mejores normativas regulatorias, como la Ley del Suelo. Por eso urgen al Gobierno a que la valide a lo largo del verano. “Este es un país poco denso y el precio del suelo urbano se ha estancado en los últimos 10 años. El problema es que ese suelo no se desarrolla por la falta de seguridad jurídica”, ha detallado Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas.

Por su parte, Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, ha apuntado a que tanto el Gobierno como el resto de fuerzas políticas “tienen que entender que esta es una ley estratégica para España si se quiere acabar con los cuellos de botella en el desarrollo de los proyectos urbanísticos y reducir los precios”. Desde el sector promotor, la secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio, incidió en el problema recordando que hay proyectos que tardan entre 20 y 30 años en llevarse a cabo, lo que “deja al país con planes urbanísticos obsoletos y evita que las ciudades se adapten a los retos del siglo XXI”.

En su último informe anual, el Banco de España demostraba que los precios inmobiliarios —tanto de compra como de alquiler— han tendido a crecer más en aquellos municipios con menor disponibilidad relativa de suelo finalista. No obstante, hay otros factores que condicionan la oferta como la falta de mano de obra —un 55% de las empresas del sector de la construcción que participan en la Encuesta sobre la Actividad Empresarial declaraban a finales de 2023 que la ausencia de trabajadores impactaba de manera negativa en su actividad— y la escasez de inversiones destinadas a la adquisición y la promoción de nuevo suelo urbano.

Parálisis de la norma

El Gobierno aprobó la Ley del Suelo en Consejo de Ministros en marzo, pero con el rechazo, dentro del propio Ejecutivo, de Sumar, y fuera, de buena parte de los grupos que sostienen al Gobierno en el Congreso. Junts, Podemos y ERC promovieron enmiendas a la totalidad para tumbar el texto y el PP, que se abrió en un primer momento a negociar la ley decidió en el último momento no apoyar la norma. Con este escenario, el PSOE se encontró solo en la defensa de la reforma y decidió retirarla del Congreso para evitar una segunda derrota en sede parlamentaria, después de que no saliera adelante su iniciativa para endurecer las penas contra el proxenetismo.

La norma ya había recibido el visto bueno del Gobierno en diciembre de 2022, pero decayó antes de que pudiera avanzar en las Cortes por el adelanto electoral de 2023. El PSOE la llevó al Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, impulsada por el Ministerio de Vivienda, que pretende con la norma limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, según ha señalado el departamento de Isabel Rodríguez.

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